El receso escolar – vacaciones de primavera- podría darnos el pretexto para acompañarles a la laguna de Alchichica, sitio a la vera izquierda de la carretera federal que conduce de Puebla hacia a la ciudad de Xalapa, Veracruz, y que imponía, al transitarla rumbo al puerto, parar en Perote para comprar una torta de Jamón Serrano. Ahí, el nunca bien ponderado “manolito”, el que cobra como director del Instituto Poblano de Deporte, podría programar, como parte del calendario estatal de carreras y deportes extremos, un triatlón, como los que ya se han realizado con anterioridad en la laguna (‪www.trielite.com). El esplendido sitio sería adecuado, previo análisis de los expertos, para institucionalizar un evento anual que combinara carrera con nado, o remo, y ciclismo. Para quienes gozáramos con el papel de acompañantes habría diferentes motivos que pretextaran asistir con esa tesitura, a más de expresar nuestra solidaridad a los aletas. Tal vez Gracia, los ufólogos profesionales atestiguarían la presencia de un ovni, a más de los tonos –“de negro a turquesa”- que adquieren la aguas de una laguna de agua salada, que dicen los que cuentan, es producto de un brazo de mar, o ¿quien sabe?, escucharían tal vez el canto de la sirena de “cabellos plateados” que seduce a quien los oye, señalarían lugareños, o comprobarían la existencia de una ciudad sumergida en sus aguas. Sin embargo sea cual fuese el pretexto, quienes radicamos en la entidad de Zaragoza conoceríamos un lugar que irradia magia.

Que como lo exigieran organizaciones empresariales como Mexicanos Primera AC. y otros actores políticos –Senadores y Diputados-,  “La Presidencia de la República interpuso cuatro controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para armonizar la Reforma Educativa con leyes estatales.”, (http://www.animalpolitico.com/2014/04/interpone-pena-controversia-por-reforma-educativa-en-4-estados/#axzz2zSBLWT8n) que afecta, Gracia, fundamentalmente, a entidades en las que la representación magisterial recae mayoritariamente en organizaciones afiliadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que la controversia buscaría que lo dispuesto por los congresos locales en la materia, se “ajuste” a lo que establecen las reformas a Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación, que la acción promovida por el consejero jurídico del titular del ejecutivo federal rindiese ya frutos, puesto que, mientras que la legislatura Veracruzana da marcha atrás para no ser requerida, Oaxaca, ejecutivo y legislativo, se “compromete” a plegarse a las instrucciones del centro y a aprobar una nueva ley de educación local “debidamente armonizada”.

Ocioso resultaría insistir Gracia, en que las nuevas disposiciones violentan un pacto federal establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”) con medidas centralistas adoptadas en torno a la Reforma Educativa que en van en detrimento de las posturas locales y de la misma manera insistir, en que bajo el garlito de la “calidad de la educación”,  se imponen criterios, se monopolizan planes y programas de estudio, visiones de futuro, se ignoran condiciones que hacen diferente una entidad de otra, y que bajo el pretexto de afectar lo dispuesto por la federación, se somete a las entidades que tomaran en consideración, aunque fuese en lo mínimo, opiniones del magisterio local y que resulta ineficaz externar que se afecta la gobernabilidad en Estados en los que las organizaciones  sociales tienen un mayor grado de organización.

Valdría la pena, sin embargo Gracia, que las autoridades implicadas reconocieran que las nuevas medidas administrativas adoptadas, a más de tener un carácter eminentemente centralista, concluyen informalmente con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) suscrito (1992), formalmente, entre Elba Esther Gordillo Morales, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los gobernadores de las entidades de la federación, bajo los auspicios –mandato- de Carlos Salinas de Gortari, titular del ejecutivo federal (1998-1994), pacto –orden- mediante el que la federación trasladaba a la entidades, recursos financieros –supuestamente suficientes, crecientes y a tiempo-, materiales, humanos, responsabilidades, transfiriendo a los gobiernos locales la figura de patrón sustituto adoptando la de patrón solidario, mientras conservaba su carácter normativo -monopolio de planes y programas de estudio que “garanticen” la unidad nacional-, la supervisión y la evaluación del sistema educativo. Entregaba la operación Gracia, pero conservaba la política y la fiscalización.

Las cosas cambiaron y regresaron al origen Gracia, solo que si bien la federación “levanta la canasta”, deja la operación de los recursos laborales a los gobiernos de los estados, sin peculio –recursos financieros que emanaban de la economías del Fondo para la Modernización de la educación Básica- para solventar los conflictos derivados de la administración de los recursos humanos. Centralizan la nómina, pero que chistosos, dejan los conflictos como responsabilidad de las administraciones locales. Tiran la piedra y esconden la mano, cobijados por la mano de un pacto y por la “vendetta” que unos cuantos, políticos de altos vuelos, toman en contra de la que antaño fue su aliada y luego su enemiga.