Dentro de todos los cambios políticos que se han llevado a cabo por la administración federal en el último año y con motivo de la Reforma Política destaca el que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. La renovación total del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es una de las acciones más importantes que ha instrumentado el gobierno de Peña Nieto.

La promulgación de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia en el mes de febrero,  dotaba de nuevas facultades al Instituto con la finalidad de fortalecer la función que realiza, que es la de mantener informada a la sociedad de todos los actos del gobierno respecto a los gastos y acciones que llevan a cabo.

Anteriormente, el máximo órgano de transparencia en México sólo podía aplicar sus leyes sobre gobiernos, congresos, poderes judiciales y órganos autónomos; a partir de esta promulgación, la lista se amplía a partidos políticos, los sindicatos, fideicomisos y personas físicas o morales que sean beneficiados con dinero público.

Las resoluciones del órgano de transparencia serán definitivas e inatacables en todos los casos, excepto cuando el consejero jurídico de la Presidencia de la República considera que afectan la seguridad nacional.

Sobre este tema, organizaciones civiles advirtieron que la posibilidad de impugnar al IFAI cuando trate asuntos de seguridad nacional representa un retroceso para el órgano, y aseguraron que era preferible que México mantuviera la legislación previa.

La nueva ley aumenta de cinco a siete el número de comisionados y cambia su proceso de selección. El Senado será responsable de emitir las convocatorias y seleccionarlos con el aval de dos tercios del pleno. Hasta ahora, era el presidente quien proponía a los aspirantes, aunque debían ser ratificados por la Cámara alta

En estos días se están llevado a cabo las entrevistas donde más de un centenar de candidatos postularán sus credenciales y argumentaran porqué podrían estar al frente de este importante organismo que tendrá la responsabilidad de afrontar a “los nuevos” sujetos obligados, ya que anteriormente no tenían injerencia en gobiernos locales a quienes hoy podrán hacer observaciones de este tipo y  estarán obligados a responder ante un IFAI fortalecido y autónomo.

Ahora queda superar la prueba de credibilidad en la que todos los integrantes del nuevo IFAI sean considerados verdaderos  representantes de los ciudadanos y no respondan a intereses partidistas, sólo así podríamos hablar de transparencia y rendición de cuentas como un valor democrático y no de simulación. Nuevamente el Senado tiene la oportunidad de demostrar que esta a la altura de este reto.