Después de meses enfrascados en las aprobaciones de las reformas que el ejecutivo federal menciona como detonantes para el desarrollo del país, nuevamente la atención de la sociedad y los medios de comunicación se centran en el tema de la seguridad pública que ha seguido evolucionando negativamente para los ciudadanos en todos los niveles socioeconómicos y desde el nivel municipal hasta abarcar el total del territorio nacional.

El tema de la inseguridad fue el signo distintivo del sexenio de Felipe Calderon y su peor herencia a la administración priísta. Si bien es cierto que dejó de estar en las primeras planas y principales noticias de radio y televisión sus efectos devastadores de la vida social se siguen sintiendo en el día a día y sin duda sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno federal.

El primer año de Peña Nieto al frente del ejecutivo federal ha contabilizado de acuerdo al rotativo Z, más de 17 mil muertes por homicidio doloso y de continuar esta tendencia las cifras durante el sexenio serán aterradoras. La política de seguridad publica en la que el gobierno federal asumió la responsabilidad de dar resultados en el primer año de ejercicio se ha visto superada por la realidad ya que la percepción ciudadana sigue siendo de que no mejora la seguridad en el país.

A esta percepción de los mexicanos se suma el encarecimiento de la canasta básica y de los servicios que particulares y el estado prestan a la sociedad y la aplicación de las leyes fiscales vía mayores impuestos.

El  principal papel del Estado es el de salvaguardar la vida y propiedad privada de los habitantes en el territorio nacional, el párrafo noveno del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las  respectivas competencias que esta Constitución señala.”

Mientras lo que vemos proliferar en algunos estados son grupos de civiles armados para salvaguardar sus vidas y sus bienes del crimen organizado a través de guardias comunitarias, quienes vigilan entradas y salidas de sus pueblos con el interés de mantener el orden y la paz que el ejercito, las policías federal, estatal y municipal no les garantizan en sus comunidades. Esta es sin duda la mayor evidencia de un estado fallido que se manifiesta por la falta de protección a los ciudadanos ya que toman en sus manos la justicia, lo que constitucionalmente es responsabilidad de las autoridades. Hoy la violencia en México ha dejado de ser un asunto entre policías y criminales y con la participación de los habitantes lamentablemente se ha socializado.

Si bien el surgimiento de grupos armados sobre todo en el estado de Michoacán tiene causas y propósitos diferentes a los del EZLN hace 20 años en Chiapas, lo cierto es que las guardias comunitarias  están incurriendo en actos fuera de la ley y que son tolerados por las autoridades ante su incapacidad para dar respuestas a la sociedad y garantizar la paz pública.

Ante la falla del Estado y que los ciudadanos hagan justicia por propia mano, la ciudadanía se pregunta ¿para qué seguir pagando impuestos? ¿de que sirve pagar mas impuestos si los presupuestos millonarios en seguridad pública no se reflejan en mejores resultados?, ¿cuánto faltará para que estas guardias comunitarias comiencen a enjuiciar a presuntos criminales aplicando la ley del talión? y ¿cuándo el gobierno hará valer el estado de derecho en beneficio de todos los mexicanos? Ese es el rumbo que están tomando las cosas en materia de seguridad en nuestro país.

Y aunque hoy los medios de comunicación mayoritarios evitan comentarios sobre la situación real de la inseguridad en México, los ciudadanos continuamos esperando que pasemos de las estadísticas oficiales alentadoras a la solución de un tema que por su trascendencia requiere de una política de Estado. Si Calderón falló en su guerra contra el crimen organizado fue porque no supo ni quiso utilizar los instrumentos jurídicos e institucionales del Estado mexicano para enfrentar el problema. Un Presidente no debe ignorar que las políticas de Estado requieren de un ejecutivo con visión de estadista.