Muy poco se ha comentado sobre la Fiscalía General de la República prevista en la reforma político-electoral.

Los legisladores modificaron lo que hoy conocemos como Procuraduría General de la República, que es una dependencia federal a cargo de un Procurador General, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ratificado por el Senado.

Según el proyecto aprobado en lo general, se le dotará a esta instancia de una autonomía constitucional, con la finalidad de que su trabajo y los servidores públicos adscritos a la misma gocen de independencia del Ejecutivo Federal.

Cesará de existir la figura de Procurador y será sustituido por un Fiscal General, que será nombrado mediante un procedimiento un tanto complejo:

En primer lugar los Senadores deberán redactar una lista de al menos 10 personas que cumplan ciertos requisitos legales (Mexicanos por nacimiento, abogados con 10 años de experiencia, mayores de 35 años de edad, etc.) y la enviarán al Presidente de la República quien deberá, dentro de los 10 días siguientes, elegir a tres finalistas, de entre los cuales dos terceras partes de los Senadores elegirán al nuevo Fiscal, igualmente en un periodo que no exceda de 10 días después de recibir la terna.

En caso de que el Presidente no envíe la terna en el plazo de 10 días, dos terceras partes de los senadores elegirán al nuevo Fiscal de la lista original que hayan enviado al titular del Ejecutivo, igualmente si después de enviar la terna, en un plazo de 10 días, el Senado no ha elegido Fiscal, el Presidente lo nombrará de la terna que envió.

El nombramiento del Fiscal es por 9 años, sin embargo el Presidente de la República podrá removerlo en cualquier momento pero el Senado tendrá 10 días hábiles para objetar la remoción en cuyo caso, dos terceras partes de los Senadores podrán echar abajo la decisión presidencial de remover de su encargo al Fiscal General.  

El dictamen incluye un artículo transitorio por virtud del cual quien ocupe el cargo de Procurador General de la República al momento en que entren en vigor estas disposiciones legales, será automáticamente el nuevo Fiscal General, sin necesidad de que su nombramiento corra por el último entramado legal.

Igualmente, ahora se incluyen en la Constitución dos Fiscalías de vital importancia, la de delitos electorales y la de combate a la corrupción cuyos nombramientos serán decisión del Fiscal General, sin embargo aquí también el Senado tendrá la opción de vetar dichos nombramientos en el mismo periodo de 10 días con el voto de dos terceras partes de sus integrantes.

El Fiscal General deberá rendir un informe anual, así como lo hace el Presidente de la República y según esta reforma se limita su facultad para promover acciones de inconstitucionalidad exclusivamente contra normas de carácter penal y procesal penal.

Ahora bien, es claro que la intención del constituyente permanente es de evitar que el titular del poder ejecutivo tenga autoridad sobre el Fiscal General y que haya algún tipo de abuso de las funciones de procuración de justicia con fines políticos, sin embargo de nada sirve una reforma de este tipo si no existe la certeza de que quien llegue a ocupar ese puesto sea una persona íntegra que actúe con el mayor profesionalismo y con el único interés de servir a la Nación.

No importa qué tantos candados se pretendan incluir, al final del día, la verdadera prueba será el carácter y la honestidad de quien ocupe el cargo.

Termino la columna con una anécdota, hace un par de años, a propósito de una discusión jurídica, un Procurador General de la República me dijo: “El Presidente es mi jefe, porque él tiene la facultad de removerme del cargo”…