Entre los puntos más polémicos de la reforma política discutida estas semanas está la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, que sustituiría al IFE y a los 32 organismos locales encargados de organizar elecciones. Todas las elecciones federares y locales serían organizadas por este instituto. En la polémica hay argumentos válidos y falacias. Empecemos por la más común: la idea de que el INE violaría los principios del federalismo.

El federalismo tiene una doble lógica: las entidades que integran el pacto federal ceden soberanía y mantienen soberanía. Si nada cedieran, si fueran totalmente soberanas, no habría pacto federal: serían naciones autónomas. Si todo lo cedieran, tampoco habría federación, sino un Estado centralista. Hay cuestiones que nadie discute en que las entidades mexicanas han cedido sus derechos a la federación: la moneda, el ejército nacional, las garantías individuales constitucionales.

Hasta ridículo suena plantear que algún estado, argumentando el federalismo, eliminara el peso como moneda y creara la suya propia. O que expulsara al ejército mexicano para crear uno propio. O que anulara las garantías constitucionales que le diera la gana anular. En el extremo opuesto, que el presidente de la República designara a los gobernadores, diputados locales y presidentes municipales sería igual de ridículo en una federación.

Esta doble lógica del federalismo hace que “federalizar” sea un verbo ambiguo: puede ser descentralizar funciones a favor de las partes de la federación, pero puede ser también centralizarlas a favor del todo federal.

La creación de un organismo que organice desde el centro del país las elecciones locales está en un lugar intermedio respecto a los ejemplos mencionados. No es claro que deba ser una prerrogativa de las entidades, ni que deba serlo de la federación. El pacto federal puede admitir las dos posibilidades.

¿De qué depende? De lo que se decida en cada periodo determinado, a partir de las circunstancias, argumentos, intereses y fuerzas políticas. ¿Qué convendría más ahora para el interés público del país?

Hay que recordar que la transición política mexicana, así como resolvió importantes problemas, dio lugar a otros nuevos. Uno de ellos es el de los autoritarismos locales. Mientras que para el gobierno federal se crearon o dinamizaron diversos mecanismos de rendición de cuentas (poderes legislativo y judicial, prensa autónoma, IFAI) no sucedió lo mismo con los gobiernos de los estados. Éstos se liberaron de la dependencia que durante en el sistema hegemónico tuvieron de la presidencia de la república (que designaba y retiraba gobernadores) pero no tienen mecanismos eficaces que les obliguen a rendir cuentas.

Esta nueva autonomía autoritaria, clara en casos como los de los gobernadores Mario Marín de Puebla y Ulises Ruiz de Oaxaca, es el contexto en el que se propone la “federalización” de las elecciones. Federalización en el sentido de centralizar. Hay que acotar el poder de los gobiernos estatales, según esta argumentación.

Otro argumento a favor del INE es la capacidad técnica de la federación, mayor que la de los estados. Ciertamente esta capacidad varía mucho entre las distintas entidades. En el Distrito Federal es bastante buena, por lo que quienes tienen en mente al Instituto Electoral de esta entidad les es difícil aceptar el argumento del INE: han tenido un instituto local que ha funcionado. Pero en otros estados la situación es muy distinta.

Se puede comprobar analizando las páginas de internet de los distintos institutos. El IFE presenta ya los resultaos electorales por casilla de todas las elecciones realizadas. No es el caso de todos los institutos locales. Algunos han incluso incumplido la obligación legal de publicar una memoria del proceso electoral.

Hay otros argumentos a favor del INE. Ya habrá oportunidad de comentarlos.

Profesor investigador de la UDLAP