Es claro que la propuesta de elegir por votación universal a los integrantes del Poder Judicial tiene como objetivo concentrar el poder. Que quienes tuvieron la mayoría en las votaciones por legislativos y ejecutivos la tengan también en el judicial. Puede ser. Pero puede dar lugar a lo contrario.

Es posible que una elección así dé lugar a una notable dispersión de poder. Los poderes fácticos locales con capacidad de movilizar votantes se apropiarían del Poder Judicial. En algunos casos sería el crimen organizado. En otros los caciques o grupos económicos.

Tendríamos, en el caso concreto del Poder Judicial (aunque no solamente), lo que Luis Rubio ha llamado una escisión entre el poder formal y el poder real.

La destrucción institucional que pretende Morena con su Plan C podría debilitar al poder presidencial. Con la reforma judicial a la presidenta no le quedaría el recurso a la ley para protegerse de los poderes fácticos. Esos poderes controlarían a jueces, magistrados, ministros.

Morena, que, como dicen sus integrantes, es más un movimiento que un partido, corre el riesgo de dividirse sin la figura de su líder. Difícilmente López Obrador estaría en las boletas de la elección judicial. Su poder empezará a mermar a partir del 1 de octubre. Otros ocuparán los espacios que deje. Y no es seguro que sea la presidenta electa; la sustitución del carisma es un hecho muy raro en política.

Este es uno de los muchos temas que hacen pertinente esta conversación:

- “¿Cómo estás?
-“Preocupado por la situación del país”.
-“Tú, ¿por qué? La preocupada debe ser Claudia Sheinbaum”.

Por ahora los ganadores de la elección todavía están festejando su triunfo. El festejo terminará pronto, y tendrán que enfrentar realidades muy complejas. La economía, la inseguridad, el sistema de salud y el educativo, la relación con Estados Unidos, presentan retos muy serios.

La presidenta electa gozará de un notable poder formal. No necesariamente se traducirá en poder real. Menos si se realiza la reforma judicial.