Las opiniones de Vicente Fox sobre la legalización de la producción y comercialización de la mariguana que nos han transmitido los medios son las de un agricultor, no las de un estadista, o exgobernante. Nos dicen que el guanajuatense estaría dispuesto a cultivar y comercializar esa planta, pero no qué problemas públicos resolvería su legalización ni qué nuevos problemas generaría y cómo deberían ser tratados.

Parece que el primer punto, qué problema resolvería la legalización de la canabis, no lo tiene claro nadie. Una política pública es para eso: para resolver problemas públicos. El sexenio anterior dejó una imagen más o menos generalizada (y muy exagerada) de un país casi en guerra civil a causa del narcotráfico. Acabar con ese comercio ilegal, regularlo, sería disminuir esa “guerra”. Lo que evoca la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos: la prohibición de esa sustancia aumentó notablemente la violencia delincuencial (mientras el consumo alcohólico no disminuyó).

Pero no parece haber argumentos claros, sustentados en datos fuertes, que demuestren que la regularización de la mariguana disminuiría razonablemente la violencia del crimen organizado. A veces se tiene la impresión de que la mayoría del país consume esa droga. Los datos oficiales nos dicen que el consumo es mínimo: alrededor del 2% de la población entre 12 y 65 años declara haber consumido mariguana alguna vez en su vida.

Es un dato subestimado, por razones obvias: muchos de los encuestados que han consumido seguramente no lo declaran. Pero aunque dupliquemos o tripliquemos esa cifra, no parece que estemos ante un problema público, similar al del consumo del alcohol durante la prohibición norteamericana. No es que “la sociedad” (es decir, una mayoría significativa de los mexicanos) haya ya decidido consumir mota.

No parece pues que quienes promueven la legalización nos hayan presentado con claridad qué problema público se va a resolver y cómo. Por eso luego se van por la tangente: que como adultos tenemos derecho a decidir qué nos metemos al cuerpo. Lo que es cierto. Pero en este y otros casos se toca el delicado límite entre lo privado y lo público.

Como en el caso de la diabetes. Comer y beber lo que nos dé la gana y maltratar nuestro cuerpo con una vida sedentaria es un derecho individual (no humano, en el sentido en que entendemos el término). Pero los datos demuestran que si los mexicanos seguimos con esas costumbres, tendremos tantos casos de diabéticos que el sistema de salud pública sería incapaz de atenderlos. Se aumentaría enormemente el gasto en este rubro, se descuidarían otros problemas públicos, y ni así sería suficiente.

El derecho privado a malcomer y malvivir daría lugar, está dando ya, a un problema público de grandes dimensiones. Comida sana y ejercicio pueden considerarse por tanto virtudes cívicas: favorecen al bien público.

Algo similar puede decirse de las consecuencias no deseadas de la legalización de la mariguana. Su consumo aumentaría, y con ello la adicción y sus efectos. No importa si es seis puntos menos adictiva que el alcohol: importa que genera adicción. Se ha hablado del uso médico de esta sustancia y de su uso recreativo. Pero lo que preocupa es el uso autodestructivo. Una adicción es una forma lenta de suicidio, de autodestrucción. Es claro que solo un porcentaje muy bajo de quienes consumen alcohol lo hacen para autodestruirse, pero la pregunta es si la legalización de otra droga no aumentaría el consumo autodestructivo, la adicción que acaba con vidas y familias. Tampoco al respecto hay un planteamiento claro.

Profesor de la Universidad de las Américas Puebla