La Auditoría Superior del Estado (ASE) difundió el 4 de septiembre los informes de la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al año 2022. El organismo detectó anomalías que podrían terminar en daño patrimonial en 146 ayuntamientos, pero ningún perjuicio en los Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Lo que sí generó la auditoria para los Poderes del Estado fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una figura legal que es la primera vez que utiliza la ASE como parte de sus atribuciones.

En el caso de los ayuntamientos, la ASE advirtió que siete de cada 10 alcaldes incurren en daño patrimonial, en caso de que no resuelvan las observaciones que se les advierten. Es decir, sólo 71 municipios salieron limpios en sus cuentas públicas y el resto tiene pendientes que resolver.

Entre los municipios más observados está Chignahuapan, con 35 posibles daños patrimoniales que suman 7.7 millones de pesos, y San Andrés Cholula, que con 16 observaciones suma 230.7 millones de pesos como un posible perjuicio a la hacienda sanandreseña.

Los señalamientos al Poder Ejecutivo

Si bien en el informe individual del Gobierno del estado no existieron posibles daños patrimoniales, la ASE realizó promociones para sancionar a funcionarios públicos que provocaron las anomalías. En el caso de la cuenta pública 2022 se promueve una sanción por la inversión fallida en Accendo Banco.

En este tema, la ASE solicitó a la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado que investigue y, en su caso, sancione a los servidores que no presentaron las características de la cuenta ‘Deudores Diversos a Largo Plazo’.

Así lo determinó la ASE después de que en la cuenta pública 2021, cuando Teresa Castro era la titular de Planeación y Finanzas y Amanda Gómez Nava era secretaria de la Función Pública, se ocultó la inversión de Accendo Banco.

La ASE consideró que de manera intencional ocultaron la inversión, pues advertían el riesgo latente y fueron omisas ante las alertas emitidas por la capitalización de la institución bancaria. También se determinó fincar responsabilidades para quien durante 2022 no reveló suficientemente la información financiera a producir por el mismo caso.

Señalamientos a la ASE de 2022

En el caso de la Auditoría Superior del Estado, este órgano detectó inconsistencias en su propio flujo de efectivo, como consecuencia de que la misma Auditoría dejó de auditarse cuando Amanda Gómez Nava era la titular.

En total, la auditoría detectó 3.4 millones de pesos irregulares en el Estado de Flujos de Efectivo. También 49 mil pesos no comprobados de parte de la ASE.

Después de advertir la existencia de un error en el Estado de Flujos de Efectivo en 2022, la ASE solicitó procedimiento administrativo correspondiente por las probables irregularidades de las personas servidoras que en la gestión de Amanda Gómez no atendieron la anomalía.

Asimismo, se determinó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado que, durante el periodo 2022, realizaron la reservación de boletos de avión Volaris México a Sonora, sin presentar el Oficio de la Comisión.

También se solicitó sanción para el funcionario responsable de actualizar el tabulador de sueldos aprobados y del concentrado anual de nóminas. Lo mismo para el responsable de los bienes muebles de la ASE, pues se reportaron algunos faltantes.

Para la Auditoría Superior del Estado, se generaron dos recomendaciones y nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Auditoría al Poder Judicial

Como resultado de la fiscalización realizada al Tribunal Superior de Justicia se generaron dos recomendaciones y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Las sanciones se solicitan para los servidores públicos que durante 2022 no integraron debidamente seis expedientes de adjudicación.

En otra observación se solicita lo mismo para los funcionarios que no integraron debidamente 11 expedientes de adjudicación.

También se pide sanción para los que adjudicaron y formalizaron el contrato de obra número CJPJEP-15-OBR-001-2022 denominado ‘Trabajos de Rehabilitación y Adecuación de Espacios Físicos en Ciudad Judicial de San Pedro Cholula’, por un importe de 2.6 millones de pesos.

Misma situación para los trabajadores del poder judicial del estado que formalizaron el contrato de obra número CJPJEP-ADJ-OBR-002- 2022 denominado ‘Trabajos de Reforzamiento Estructural y Habilitación del Inmueble denominado Palacio de Justicia (segunda fase)’, por 2.5 millones de pesos. (MCJ)