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Tribunal retira orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna

  • Redacción e-consulta
La orden de aprehensión fue retirada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue retirada una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito, luego de que un tribunal rechazó el mandamiento judicial que se obtuvo con anterioridad.

La acusación por enriquecimiento ilícito deriva del señalamiento de que García Luna obtuvo un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos mientras se desempeñaba como servidor público, durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

https://twitter.com/FGRMexico/status/1709287908799041577

Dado que esa suma de dinero no apareció en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito mencionado. “Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido”, reveló la FGR.

Esta decisión se tomó aun cuando la autoridad jurisdiccional tenía a su disposición datos de prueba que demostraban que el patrimonio del exfuncionario fue “desproporcionado e injustificado”.

Por lo anterior, la FGR señaló que iniciará un procedimiento legal contra Gerardo Genaro Alarcón López, juez de distrito que negó la orden en un principio, así también, en contra de los magistrados que firmaron la negativa, identificados como Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez.

Los magistrados fueron señalados de “actuar en contra de la administración de justicia”, ya que habrían violado el artículo 224 del Código Penal Federal, en el cual se establece que “se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”.

Es preciso señalar que, a pesar de esta negativa, García Luna cuenta con otras tres órdenes de aprehensión vigentes en México, las cuales tienen que ver con el caso “Rápido y Furioso” y con las supuestas irregularidades en las concesiones de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (CEFERESOS). (JC)

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