​A tres años de los hechos ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla emitió una resolución en la que reconoce como “víctimas del Estado” a la familia Valencia, luego de que elementos de la Fiscalía y Policía Estatal entraran por la fuerza a la casa de la familia, causando daños tanto físicos como psicológicos.

En ese entonces fue presentada una denuncia por uno de los integrantes de la familia, Marco Valencia Ávila, quien al conocerse el veredicto de la recomendación número 17/2023 lo calificó como “una resolución histórica para el estado de Puebla y nuestro país, ya que se nos reconoce como VÍCTIMAS DEL ESTADO tras una serie de ataques derivados de una PERSECUCIÓN POLÍTICA” (SIC).

Fue en 2018 y 2020 cuando elementos de la Policía Estatal cumplimentaron un cateo a la casa de la familia Valencia, señalada de presuntos nexos con el crimen organizado. Al menos 30 patrullas estatales rodearon el inmueble en aquella ocasión.

Los hechos quedaron registrados en una transmisión en vivo realizada por el propio Marco Valencia, donde se alcanzan a escuchar golpes y amenazas de los agentes, así como gritos de familiares pidiendo comprensión hacia la gente mayor, diabética e hipertensa. Era el 16 de mayo del 2020 a las 2:30 horas.

En ese entonces gobernaba el expriista y morenovallista, Vicente Valencia Ávila, hermano mayor de la familia, señalado como enemigo político del entonces gobernador Miguel Barbosa.

Hoy Marco Valencia reconoció “a la CDH por dejar un precedente al hacer justicia y dejar en claro que fuimos, mi familia y yo, objeto de cateos arbitrarios en el año 2018, múltiples difamaciones y amenazas de diversas autoridades y medios de comunicación. En 2020, en el afán de acusarnos de todo, nos giraron una segunda orden de cateo que terminó en un robo, en privación ilegal de la libertad y en lesiones originadas por proyectil de armas de fuego, provocadas hacia mi persona y miembros de mi familia, en donde hubo presencia de niños, mujeres y adultos mayores. Ustedes, amigos, conciudadanos, fueron testigos del hostigamiento político, solapado por el poder y bajo intereses de ciertas personas.

“Hoy, 5 años después, la CDH, con la recomendación número 17/2023, ordena RECONOCERNOS FORMALMENTE, A MI Y DEMÁS MIEMBROS DE MI FAMILIA, COMO VÍCTIMAS DEL ESTADO con graves afectaciones, todo conforme a las normas internacionales que documentan el delito de tortura y sus consecuencias en el protocolo de Estambul".

Les comparto que, derivado de esta resolución, existen investigaciones abiertas ordenadas por jueces federales en contra de los ciudadanos y funcionarios públicos que participaron en la ejecución de estos hechos ajenos a la justicia. (MCJ)