Con la consigna “los pueblos tenemos el derecho constitucional de decidir sobre nuestro territorio”, habitantes de San Andrés Cholula se manifestaron en la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo, contra el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de San Andrés Cholula, que acusan cede territorio a inmobiliarias y omite propuestas indígenas.

“¿Fuera el cártel inmobiliario!”, “Tlatehui vende nuestro territorio a inmobiliarias”, fue el grito de representantes de los 7 pueblos originarios de San Andrés Cholula, quienes cerraron el paso para exigir que el proyecto urbano retome las estrategias de protección de los pueblos originarios y que se respete el proceso de consulta indígena firmado por el Ayuntamiento, pues en la práctica se ha hecho “de espaldas” a las comunidades.

A toque de campana, los habitantes de Cholula, Tlaxcalancingo, Acatepec, Comac, Cacalotepec, Tonanzintla y Tehuiloyocan, que integran a la organización Cholultecas Unidos en Resistencia, denunciaron que el edil Edmundo Tlatehui Percino no informó ni consultó a los pueblos, aunque era un acuerdo marcado en el protocolo.

“No nos avisaron, no hubo difusión, nos enteramos cuando ya estaban sesionando, nos tomó por sorpresa. Nosotros estábamos esperando el calendario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y cuando nos dimos cuenta el presidente se había adelantado”, denunciaron.

“Con este Programa de Desarrollo el edil sólo estará legalizando el despojo que las inmobiliarias han perpetrado y continúan ejecutando sobre los campesinos propietarios de las tierras”, gritaron habitantes de los pueblos originarios.

Exigieron que se incluyan las estrategias de protección de los pueblos originarios en el PMDU, que se respete el proceso de consulta indígena firmado por la Comuna y que se suspendan las asambleas informativas impuestas por el Ayuntamiento para esta semana, pues no fueron consensadas con los comités de consulta.

Edil sólo consideró “viable” las propuestas de inmobiliarias

Una de las propuestas de pueblos indígenas era el establecimiento de mil hectáreas de protección, polígonos que quedarían libres de especulación inmobiliaria, propuesta que fue calificada como Tletehui como “inviable”, pues proyecta en este polígono a desarrolladores inmobiliarios, pasando por alto el derecho a la autodeterminación de los pueblos sobre su territorio.

Integrantes Cholultecas Unidos en Resistencia alertaron que en el plan urbano del edil no existe un reconocimiento y ubicación de los cuerpos de agua, zonas arboladas y de recarga de mantos identificadas por los pueblos.

Tampoco se reconoce la organización social y política de los pueblos originarios, incluso sostuvieron que las líneas de acción discriminan las peticiones y organización de los pueblos contradiciendo los principios y criterios de la estrategia de “ciudad justa”.

Esta omisión a esta condición es una violación al artículo 2 constitucional y los artículos 1, 6, 7, 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 1 del Tratado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13.2, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 y 39 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El PMDU que pretende imponerse también estaría violando la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, artículo 43 fracción II inciso b, g, h, fracción III, IV, X, XI y XII, la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla en su artículo 24, así como la Ley de planeación uso de suelo agrícola, soberanía alimentaria y derecho a la tierra.

También el artículo 2 y 4 Constitucional Derecho a la conservación del hábitat y medio ambiente.

“Este proyecto va en contra del artículo 27: La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria, el artículo, así como el artículo 2 que ampara el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación sobre su desarrollo económico, social y cultural, lo tenemos muy claro”, sostuvieron habitantes durante su protesta.

Se espera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fungen como observadores del proceso se pronuncien al respecto.