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Aplicación de Ley contra Violencia Vicaria en Puebla, con fallas: colectivos

  • Kara Castillo
La Colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria y el Frente Poblano contra Deudores Alimentarios exigen perspectiva de género y prioridad a infantes y adolescencias
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No es suficiente la aprobación de la Ley contra la Violencia Vicaria, es necesario que la perspectiva de género, la prioridad a infancias y adolescencia sean una realidad en la Fiscalía y el Poder Judicial que en la práctica cotidiana revictimiza a madres e hijos que buscan justicia.

Así fue denunciado por integrantes de la Colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria y el Frente Poblano contra Deudores Alimentarios que, en reunión con medios de comunicación, presentaron casos que corresponden a violentadores con poder económico, la mayoría empresarios, por lo que advirtieron que las víctimas se encuentran en alto riesgo.

En los cuatro casos expuestos, se narraron los espectros y detalles de la violencia vicaria, que convierte a niñas y a niños en arma letal, así como una correa de transmisión del maltrato de los agresores hacia las mujeres, los cuales parecen continuar en ministerios públicos, jueces e incluso abogados: “Violencia institucional juega a favor de ellos

Aunque agresor fue vinculado por violencia familiar, juez se niega a devolverle a su hija

Daniela narró que ha vivido violencia vicaria por 5 años; refirió que el agresor acosó a su familia para que ella le firmara Guarda y Custodia compartida, a las tres semanas el agresor la denunció por un abuso sexual contra su hija y desde entonces le arrebató a su niña.

La investigación de abuso sexual se cerró en tres ocasiones, la última de forma definitiva y todos los cierres se ordenaron porque su hija siempre dijo que nunca ocurrió el abuso. Sin embargo, el Segundo Juzgado familiar ha permitido la separación por tantos años y el agresor se hace valer de argucias legales para seguir aplicando violencia vicaria.

En la última estrategia del agresor fue interponer una demanda de Pérdida de Patria y Potestad, por sistema tradicional y no de oralidad para alargar juicio. Siempre víctima, nunca agresor, pero ya ha sido vinculado a proceso por Violencia Familiar contra Daniela y aun así el Segundo Juzgado Familiar sigue permitiendo la separación entre madre e hija, aunque ya se le señaló que ya se cerró definitivamente la investigación de abuso sexual.

Violencia vicaria, un mecanismo de control siniestro

Abigail denunció que los últimos dos años de su vida ha vivido en carne propia la violencia institucional que se sumó a toda la violencia experimentada durante su relación de pareja. Después de denunciar los delitos de abuso sexual perpetrado en contra de su hija, abandono de persona -una de ellas con discapacidades severas, por lo cuales requiere cuidados extensos e intensos especializados- y violencia familiar, el violentador, quien goza de alto poder económico, demandó la guarda y custodia de sus menores hijos e hija que de inmediato le fue concedida.

Aunque el Procurador de la Niñez ha intervenido, el caso sigue congelado.

Para Abigail, la violencia vicaria es usada por violentadores como mecanismo de control de la madre. “Los múltiples procesos se han visto plagados de irregularidades, retrasos y omisiones que solo le han dado más poder a su expareja y la han dejado a ella y a sus hijos e hija en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad”, denunciaron las colectivas.

Vacíos legales un paraíso en los procesos usados por violentadores

Las colectivas acusaron que los vacíos legales les permiten a los violentadores ejercer mayor presión sobre sus víctimas, además de registrar actos de corrupción, amenazas e intimidación con el objetivo de callarlas e impedir que las diversas violaciones a sus derechos se conozcan, por lo que se ven sometidas a vivir el proceso con cuadros de angustia, estrés, miedo y preocupación, razón por la cual deciden agruparse en las distintas colectivas que han surgido para acompañarse y apoyarse.

“Mujeres que se atreven a denunciar públicamente se ven en un riesgo mayor, como defensoras y activistas corren un riesgo triple, las amenazas se intensifican y no existen medidas de protección”, sostuvo Gabriela Rosas del Frente Poblano contra Deudores Alimenticios

Rosas insistió en que el sistema es operado para acallar a las víctimas y que aún el activismo sigue siendo ocupado en los juicios.

El pasado 15 de julio el Congreso de Puebla aprobó la tipificación de la violencia vicaria como un delito. Este tipo de violencia comprende diferentes agresiones por medio de las cuales alguien que mantiene o mantuvo una relación sentimental con la víctima utiliza a sus hijas o hijos para lastimarla.

Integrantes de los colectivos informaron que día con día crece las cifras de mujeres que denuncian a sus exparejas por no darles pensión alimenticia y los hombres como una “tipo revancha” y para no pagar, se llevan a sus hijos e inician contra ellas un litigio para retirarles la guardia y custodia de los menores. (AD)

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