Tras cumplirse cinco años de la desaparición forzada del activista Sergio Rivera Hernández, habitante de la Sierra Negra que dirigió una asamblea en rechazo al proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzala, esta mañana activistas y pobladores de esa zona, así como de la Mixteca poblana, bloquearon la calzada Adolfo López Mateos, a las afueras de la Casa de Justicia de Tehuacán, para exigir que las personas señaladas por el delito regresen a ser juzgadas.

Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, mencionó que Sergio desapareció el 23 de agosto de 2018 y no hay indicios de su paradero.

Ese día fue sacado de su casa en Coyolapa, en San Pablo Zoquitlán, con mentiras, pues le ofrecieron un trabajo en Tepexilotla, localidad que se encuentra en el mismo municipio.

Sin embargo, fue una estrategia para alejarlo de su población de origen y privarlo de la vida, aseguró el activista, ya que durante el juicio testigos señalaron que en el paraje conocido como Dos Caminos, lo atropellaron con un vehículo, lo encapucharon y se lo llevaron.

Señaló que la desaparición tiene un trasfondo y es que Sergio encabezó una asamblea comunitaria que rechazó el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa–Atzala, de la Minera Autlán, y después de esa situación llegaron las agresiones.

Sostuvo que han realizado tres búsquedas en la Sierra Negra con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, pero no han tenido éxito, a pesar de la tecnología con la que trabajan esas dependencias.

Asimismo, dijo que hubo personas señaladas, quienes fueron sometidas a proceso durante dos años para después ser liberadas. Sin embargo, también hubo irregularidades en el juicio, pues las personas citadas como testigos no hablan el español, por lo que se destinó un traductor, a quien señalaron de cambiar el significado de las palabras; aunque esa situación la hicieron saber al juez Mario Cortés Aldama, no se tomaron medidas.

Dijo que para este 2023 están a la espera de la apelación, con la esperanza de que las personas señaladas regresen a ser juzgadas y se busque a los actores intelectuales por la desaparición del activista, que se cese al juez que llevó el caso por omisión y la cancelación del proyecto hidroelectrico Coyolapa–Atzala.