Defensores del agua y territorio, ambientalistas y activistas vivimos una persecución tremenda, sostuvo Alejandro Torres Chocolatl, integrante de Guardianes del Río Metlapanapa y de la Unión de Pueblos de la región Cholulteca, movimiento de resistencia contra la embotelladora Bonafont, por lo que exigió el cese a la represión y un diálogo abierto con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En rueda de prensa, relató que el pasado viernes, día de su detención exprés de parte de la Policía Ministerial, al menos tres activistas fueron aprehendidos en otro punto de la ciudad, incluso denunció que en galeras de Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, Cholula, “una habitación que parece caja fuerte”, fue testigo del maltrato de una persona esposada en el piso.

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El también comunicador comunitario de Santa María Zacatepec del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla se pronunció por el cese a la criminalización y difamación de los “defensores de la vida” opositores de los “proyectos de muerte” y consideró que su irregular detención no sólo es un agravio a su persona, sino un mensaje para todos los movimientos sociales de Puebla.

“Quiero denunciar el hostigamiento que en el estado se ejerce en contra de quienes defendemos una causa. Mi detención es una muestra de la persecución que viven las organizaciones sociales”, sostuvo.

Precisó que en la región cholulteca se emprenden “proyectos muy grandes” plazas comerciales y parques industriales de Huejotzingo que tienen descargas de aguas tóxicas al río Metlapanapa, por lo que criticó la sumisión del presidente municipal de Juan Crisóstomo Bonilla, José Cinto Bernal a intereses empresariales en lugar de apoyar al pueblo de Zacatepec y al medio ambiente sano.

“Reparte agua, permisos, todo. Está a favor de los grandes empresarios, pese a que estos lo utilizan”.

En la reunión con los medios, en la que Torres Chocolatl -estuvo acompañado de sus abogados, Amnistía Internacional, la Asamblea Social del Agua (ASA), la Coordinadora Nacional Agua para Todos/Agua para la Vida, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, el Nodho de Derechos Humanos, Movimiento 8 de Febrero de Cholula, Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, organizaciones adherentes al EZLN, Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo así otras organizaciones internacionales, nacionales y poblanas- exigió su libertad absoluta del proceso que se le abrió acusado junto con Miguel López Vega de haber participado en una manifestación en defensa del río Metlapanapa en donde se pretendían verter las aguas de un drenaje industrial.

Detención de ambientalista, con motivos políticos más que judiciales: Tonatiuh Sarabia

Tonatiuh Sarabia Amador, uno de los abogados de Alejandro Torres Chocolatl, explicó que desde 2019 existe una persecución política en su contra. “Alejandro Torres no tiene ningún problema delincuencial, es de naturaleza política”, dijo.

Explicó que en el proceso emprendido iniciado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) a raíz de las manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec en contra de las obras de drenaje industrial y pluvial del Parque Industrial Ciudad Textil, señaló a López Vega como a Torres Chocolátl por “obstrucción de vías de comunicación y ataques a las vías generales de comunicación”; sin embargo, la propia juez sostuvo que esos señalamientos no estaban tipificados como delitos, incluso en el caso de López Vega ya quedaron sin efecto las acusaciones, por lo que tendría que cerrarse esa carpeta.

Sarabia anunció que demandará la extinción del proceso en su contra, porque no hay delitos qué perseguir y consideró que las actuaciones judiciales emprendidas intentan amedrentar a los luchadores sociales.

José Luis Bello, integrante del ASA, exigió un diálogo también con los poderes Judicial y Legislativo, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal para que se intervenga y detenga estos abusos.