Este jueves 1 de junio, elementos de las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) catearon la sede de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, como parte de las investigaciones por la carpeta de investigación iniciada por dos periodistas por el delito de agresiones. 

Alrededor de las 08:30 horas de este jueves cuatro unidades oficiales de FGR se estacionaron y acreditaron para ingresar a las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, al mando de director Marco Antonio Enríquez Ramírez.

Los uniformados, con aditamentos de la Agencia de Investigación Criminal, llegaron portando armas de grueso calibre. Fueron vistos en el pasillo de la antigua sede de la alcaldía, donde se ubican las oficinas de Seguridad Pública, en el segundo nivel de la expresidencia de Izúcar, frente al Parque Pavón.

Recomendamos: Periodistas de Izúcar exponen su caso de abuso policial ante Julio Huerta

Según reportes se revisaron documentos, al parecer bitácoras, remisiones, archivos fotográficos de detenidos y detenidas, diligencia que terminó al filo de las 12:00 horas.

También fue requerida la presencia de toda la cadena de mando de Seguridad Pública del municipio. La Policía Municipal fue instruida mantenerse a distancia durante los interrogatorios e indagatorias.

De acuerdo con información extraoficial, el cateo se realizó con la intención de aclarar lo sucedido a las periodistas Natali y Michelle Hoyos López, a quienes se les detuvo después de cubrir una manifestación artística convocada durante el marco del Día de la Mujer.

Sugerimos: Céspedes a Irene Olea: Melitón y agresión a periodista, temas separados

Al respecto, la Comuna izucarense no se ha pronunciado sobre este operativo, pero la FGR estuvo durante varias horas dentro de las dependencias; de igual manera se desconoce el contenido de los expedientes que se llevaron consigo al concluir la investigación.

La detención de las periodistas

De acuerdo con el grupo de activistas Marea Púrpura, las periodistas y una activista estuvieron cinco horas incomunicadas el 10 de marzo; las golpearon, las obligaron a quitarse la ropa y fueron objeto de tocamientos, además las intimidaron con desaparecerlas por órdenes de quienes los uniformados llamaron La Jefa, quien se presume sería Irene Olea Torres.