Los diputados locales del autodenominado grupo Obradorista exigieron que la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, comparezca ante el Pleno del Congreso y explique en qué términos se adquirió el terreno para edificar la nueva sede legislativa.

En rueda de prensa, recordaron que ya habían solicitado previamente un informe sobre el destino de los 600 millones de pesos que se perdieron tras una fallida inversión en Accendo Banco, pero la misma no ha sido aprobada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

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La diputada Eliana Angélica Cervantes González lamentó la decisión de construir un nuevo edificio para las actividades de los legisladores poblanos, toda vez que el inmueble que actualmente ocupan fue remodelado durante la legislatura pasada.

"Si decimos que representamos a la sociedad y también en nuestra congruencia debe de caber el preguntar qué pasó entonces con esta remodelación, ¿no sirvió o dónde quedó ese dinero?", cuestionó la legisladora.

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En tanto, María Yolanda Gámez Mendoza y Carlos Alberto Evangelista Aniceto señalaron que existen otras prioridades que atender en la entidad, en materia de seguridad, salud, educación y bienestar, antes que pensar en construir otro edificio.

Señalaron que la edificación de un nuevo inmueble para el Congreso no tendrá relación directa en el desempeño de los legisladores, por lo que pidieron destinar los recursos estatales en cosas que realmente sean importantes.

"Hay prioridades, quizás sea necesario, pero hay cosas más importantes. ¿Qué es más importante?, ¿arreglar los caminos de evacuación que están cerca del volcán, que están hechos trizas, o hacer un nuevo recinto del Congreso?", comentó Gámez Mendoza.

Céspedes rechaza irregularidades en compra de predio para nuevo Congreso

Esta mañana, durante la rueda de prensa matutina, el gobernador de Puebla mencionó que durante estos días se ha generado mucha polémica respecto a la compra del terreno en donde se edificará la nueva sede del Congreso del Estado, por ello, Céspedes dijo que dejará claro y de forma precisa que el Gobierno actúa estrictamente conforme a derecho.

En la conferencia estuvieron presentes los titulares del Banco Estatal de Tierras, quienes por instrucciones del ejecutivo presentaron un análisis pertinente de acción de compra.

Ernesto Vargas Melchor, director general de dicho fideicomiso público, detalló que el predio adquirido para la nueva sede del Congreso cumplió con las siguientes características: la escritura de propiedad legalmente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, libre de todo gravamen. Además, cuenta con conexión inmediata a todos los servicios como agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica e infraestructura de voz y datos, entre otros.

Respecto al uso de suelo, declaró que al momento de la adquisición se contaba con el dictamen de factibilidad expedido por el Ayuntamiento de Puebla para edificar oficinas gubernamentales.

Por último, el gobernador Céspedes Peregrina, señaló que el informe técnico que se presentó es a fin de aclarar que en su momento se adquirió el terreno con legalidad y conforme a derecho, cuidando cada uno de los detalles y en búsqueda de que todas las adquisiciones que hace el gobierno del estado sean apegadas a la ley.

Diputados obradoristas piden ser atendidos por la Jugocopo

Los diputados obradoristas confiaron en que su petición sea atendida por la Jugocopo y las autoridades estatales puedan justificar los convenios celebrados para la habilitación del nuevo inmueble.

La mañana del lunes, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Charbel Jorge Estefan Chidiac, justificó la venta del predio que pertenece a su familia en 86 millones 552 mil pesos y negó que existieran conflictos de interés en la transacción con el gobierno estatal.

Afirmó que incluso el predio fue subvaluado por las autoridades estatales, pues de acuerdo con el su equipo, así como la empresa que realizó el trato, el metro cuadrado estaba entre 10 mil y 13 mil pesos.

Sin embargo, terminó vendiéndose en 7 mil 270 pesos, según la resolución del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), misma que fue validada por el entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta.