Integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral exigieron este jueves 18 de mayo al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hacer una auditoria a la Secretaría de Planeación y Finanzas por boquetes financieros.

En entrevista para e-consulta, Marco Antonio Mazatle, representante de la organización reprochó a las pasadas administraciones estatales no haber investigado en su momento el posible desfalco de 2 mil 700 millones de pesos durante el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas.

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El pasado 11 de abril, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, informó que la administración estatal pagó 2 mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por una supuesta falta de pago que se debió hacer en el año 2015.

Así mismo, Marco Antonio Mazatle reprochó que el exgobernador Miguel Barbosa Huerta autorizara en junio de 2021 la inversión de 600 millones de pesos del presupuesto estatal a Accendo Banco que tres meses después se declararía en quiebra.

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Argumentó que ambos boquetes tuvieron que ser detectados en su momento por las diferentes administraciones estatales, acusando de omisión a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Secretaría de la Función Pública.

Afirmó que dicho presupuesto pudo haber servido para más obras públicas que beneficien a la sociedad, por lo que exigió al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hacer una auditoria del presupuesto estatal.

También, pidió que informe la situación legal en la que se encuentran ambos boquetes para saber sí serán cubiertos en su totalidad o sólo una parte.

"¿Qué está sucediendo? No es posible que este dinero se haya ido a la basura y lo peor es que no hay ningún responsable, lo peor es que no pasa nada, lo peor es que no hay ningún proceso jurídico, no hay ninguna respuesta de las autoridades".

En ese sentido, el pasado 5 de mayo, Céspedes Peregrina aseguró que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) devolvió al estado mil 990 millones de pesos, equivalentes al 75 por ciento de la deuda generada en la administración morenovallista.