El Ejército sí ejecutó a cinco de siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero, pues las víctimas no estaban armadas ni se enfrentaron a los soldados, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Este miércoles, durante una reunión en la Cámara de Diputados, el funcionario del gobierno de México reveló que hay suficientes pruebas que acreditan que no se trató de un enfrentamiento entre los jóvenes y el ejército, “independiente de quiénes eran, fueron ejecutados”, señaló Encinas.

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La declaración de Alejandro Encinas contrasta con las primeras versiones que dieron elementos del Ejército Mexicano, donde indicaban que encendieron sus armas al escuchar disparos y donde iban los jóvenes a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas.

En espera de resolución de la CNDH

Sin embargo, el funcionario indicó que falta esperar la resolución que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de investigar si los militares lanzaron disparos a las víctimas bajo ordenes de sus superiores o no, “todos tienen derechos, pero quienes infringen la ley deben cumplir con su responsabilidad” recalcó el funcionario.

Masacre contra jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas

De los siete jóvenes que viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de ellos perdieron la vida tras una ejecución militar por la madrugada del pasado domingo 26 de febrero.

En este contexto, los dos sobrevivientes de los hechos han señalado que los militares continuaron disparando a pesar de que los jóvenes ya estaban tirados en el piso y pidieron que ya no continuarán, además de que una de las víctimas fue obligada a decir que ellos mismos eran los culpables de los hechos a fin de que los soldados quedarán eximidos de los hechos.

Horas después del multihomicidio, los militares regresaron al lugar de la masacre para llevarse el vehículo, mientras los vecinos y familiares de las víctimas intentaron detenerlos, lo que provocó un enfrentamiento a golpes entre los civiles y los uniformados.

Desde la perspectiva de Encinas señaló que, si bien los militares tienen derechos a la autodefensa, si infringen la ley y cometen un delito "deben cumplir con su responsabilidad".

Además, consideró que en la investigación no solo se deben contemplar a los elementos que dispararon, también se debería incluir a quienes dieran las órdenes.