• Gobierno

Tulcingo, el último de 14 municipios donde el estado asumió la seguridad

  • José Ramos
En siete años autoridades municipales de al menos 14 municipios se vieron rebasadas por la inseguridad
.

El gobierno del estado de Puebla ha recurrido en 14 ocasiones a la Policía Estatal para asumir las tareas de seguridad pública en varios municipios de la entidad.

En diferentes administraciones ha sido a través de la Secretaría de Seguridad Pública que el Poder Ejecutivo ha tomado el control de las demarcaciones donde se ha agudizado la incidencia delictiva en la última década.

Esta situación toma especial relevancia tras los anuncios del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de retirar a los elementos de la Policía Estatal de los municipios, argumentando que es responsabilidad de cada uno de los ayuntamientos la seguridad pública.

Durante un lapso de siete años en 14 municipios los uniformados estatales han tenido que tomar el control por hechos que han comprometido la seguridad de los habitantes.

El mayor número de intervenciones del gobierno estatal ocurrió en la administración del fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta: desde su toma de protesta en 2019 en ocho ocasiones el estado asumió el control de la seguridad.

El último control de mando se dio en el municipio de Tulcingo, en el año 2022. El gobernador Barbosa determinó que el asesinato del director de la policía municipal, en noviembre, fue un reflejo de que el ayuntamiento estaba rebasado para dar garantías a la ciudadanía.

Tras la intervención del estado en Tulcingo se informó que el occiso, de nombre Maurilio, y otros 20 policías, carecían de la aprobación de los exámenes de control y confianza. En ese entonces se anunció que los elementos estatales contarían con el apoyo de la Guardia Nacional.

En junio de 2022 en el municipio de Piaxtla la investigación sobre la muerte de un detenido en los separos de la presidencia municipal provocó la ausencia de una buena parte de los policías municipales que renunciaron.

El propio gobernador hizo un llamado al edil Miguel Maceda Carrera a presentarse a continuar con sus funciones, pues pobladores del municipio habían reportado que después de la muerte del detenido había ausentado de su oficina.

El año en que más intervenciones de las autoridades estatales hubo en seguridad pública se llevó a cabo en los municipios fue en 2020.

En aquellos días un encono se agudizaba considerablemente, pues se acrecentaba la percepción de que la administración de la alcaldesa capitalina Claudia Rivera Vivanco no estaba en sintonía con la del gobernador Luis Miguel Barbosa.

Tanto que tras decretarse que el estado asumiría el control de seguridad en Puebla capital, el titular del Ejecutivo amagaba con que la coordinación se daría a través de una delegación estatal, lo que llegó a crear el rumor de que la entonces secretaria de Seguridad Ciudadana María de Lourdes Rosales Martínez sería removida de su cargo.

En el mismo año, el propio gobernador consideró que, en el municipio de Tecamachalco, el crimen ya era una actividad principal. Su ubicación en el Triángulo Rojo, zona de alta incidencia por el robo de combustible, derivó en un desborde de delincuencia en la zona.

Un año después de haber tomado el control del municipio, un suceso marcó la vida político-social de la región y el estado, pues el entonces titular Seguridad Pública Municipal y ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal capitalino, Oscar Alejandro Santizo Morales, se vio involucrado en una balacera con presuntos delincuentes, en la que fallecieron tres agentes ministeriales. Fue detenido y acusado de homicidio calificado.

En el municipio de Esperanza, el control de seguridad derivó de un alto índice de inseguridad, expresado por el propio gobierno estatal y que a su vez se detectaría una colusión de policías municipales con el crimen organizado. Esperanza colinda con Veracruz, y la actividad principal de los delincuentes se asociaba con robo a transportes de carga, particulares y trasiego de combustible extraído de manera ilegal.

RecomendamosCaen 249 policías por uso indebido de uniformes

Una serie de irregularidades advertidas por las propias autoridades y el linchamiento de una persona, en el año 2020, determinaron que el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, estaba rebasado en materia de seguridad.

Pobladores de la demarcación habían detenido a un supuesto secuestrador para después golpearlo hasta su muerte. Días después trascendió que se trataba de un trabajador de televisión por cable que solamente se encontraba de paso por la zona. Además de que después se reportó el agravamiento de la inseguridad en el municipio.\

Huejotzingo, Venustiano Carranza y San Salvador Huixcolotla, se sumaron a la lista en el año anterior, es decir en el 2019.

En Huixcolotla policías municipales habrían participado en un asalto a mano armada, el cual los propios elementos estatales frustraron.

En Venustiano Carranza trascendió que 48 efectivos municipales carecían de licencia oficial colectiva para portación de arma de fuego. En Huejotzingo pobladores detuvieron y golpearon a un presunto ladrón de casa habitación. En la intervención de la Policía Estatal resultaron golpeados cuatro elementos.

En 2018 el estado operó la seguridad en Amozoc, por la emboscada y ejecución de 6 policías municipales, además de delitos asociados con el robo de combustible; en Chalchicomula de Sesma, porque en junio de ese año se reportó un alza en el robo a transporte de carga y robo a trenes principalmente, así como policías locales no registrados; en San Martín Texmelucan por robo de hidrocarburo y presencia de cadáveres desmembrados, además de que 119 policías municipales fueron dispuestos ante la Fiscalía General del Estado; y en Tehuacán, por alza en la incidencia delictiva, además de que se detectó que al menos 20 policías municipales no habían aprobado sus exámenes de control y confianza.

Un año que significó un precedente en la participación de las fuerzas estatales para el control del orden público fue 2015: el linchamiento de dos personas provocó que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas enviara a la Secretaría de Seguridad Pública, dada la ineficiente operación del municipio para rescatar a los infortunados.

En lo que va de la actual administración estatal en Puebla la incidencia delictiva en los municipios referidos es la siguiente:

Tags: 

Comentarios de Facebook: