La diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, propuso eliminar la pena de cárcel por difundir noticias falsas en cualquier medio de comunicación, establecida en el Código Penal del estado de Puebla.

Plantea derogar el artículo 165 que impone prisión de dos a 12 años y multa de hasta 19 mil 244 pesos (200 Unidades de Medida y Actualización), a quien difunda noticias que siendo falsas las haga parecer como ciertas y produzca alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la autoridad estatal o municipal o presionarlas para que tomen una determinación.

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En su exposición de motivos, Rodríguez señaló que violar el derecho a la libertad de expresión, incluidas las restricciones innecesarias o desproporcionadas, no solo afecta a las personas agredidas en el ejercicio de su derecho sino también puede constituir una afectación a toda la sociedad, en la medida que cesa el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones.

Refirió que el 6 de mayo de 2020 el Alto Comisionado de la ONU manifestó su preocupación por el artículo 165 del Código Penal, pues no resulta conforme al marco internacional relacionado con la materia de regulación del derecho a la libertad de expresión, por lo que pidió derogarlo.

Por esa razón, la panista consideró que la redacción del artículo 165 no cumple con las condiciones mencionadas por la ONU, por lo tanto, es contrario al derecho humano de la libertad de expresión, previsto en la Constitución Política de México y en diversos tratados internacionales.

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El 27 de abril de 2020 en plena pandemia por Covid-19, el diputado local de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, y la diputada del extinto partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, propusieron castigar con cárcel la difusión de noticias falsas durante una emergencia sanitaria, epidemia, peligro de invasión de enfermedades transmisibles o catástrofe.

Pretendían aplicar la pena a medios de comunicación y particulares que difundieran información no confirmada que cause temor o daños al entorno social con el fin de sacar provecho, sin embargo, la iniciativa nunca se aprobó porque los legisladores recibieron críticas de organizaciones de periodistas locales y nacionales como Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas, ya que la propuesta atentaba contra la libertad de expresión.