La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la prisión preventiva oficiosa al considerarla fundamental para evitar que los presuntos delincuentes evadan la justicia o atenten contra las víctimas.

A través de un comunicado firmado por los titulares Adán Augusto López Hernández y María Estela Ríos, el gobierno federal fijó su postura sobre el proyecto del ministro de la SCJN Luis María Aguilar Morales que declara inconstitucional la prisión preventiva.

La Federación argumentó que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos para asegurar que los detenidos por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la justicia durante el proceso penal.

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Asimismo, señaló que se trata de evitar represalias por la detención, pues los presuntos delincuentes podrían atentar contra la integridad de las víctimas al amenazar o atentar contra testigos, que sigan cometiendo delitos o dirijan actividades criminales que dañen a la sociedad.

Por ello, pidió considerar la seguridad pública del país, a las víctimas, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y federal.

El proyecto señala que esta figura no dejará de existir, sino que ya no podrá aplicarse en automático y será el juez quien podrá imponerla según las peculiaridades del caso.

Actualmente los delitos de alta gravedad que implican enfrentar el proceso en prisión son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción.