Una presentación de la organización México Evalúa reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) padece diversas deficiencias sobre los tiempos en los que resuelve los asuntos, debido a problemas organizacionales y la existencia de intereses políticos o privados.

En su documento “Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la Transparencia Procesal” se analizó el tiempo que tardan las y los ministros en resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos directos en revisión y amparos en revisión que les han sido planteados desde 1995 hasta 2021.

La organización buscó los registros para establecer cuánto se tarda un asunto en cada una de las etapas por las que atraviesa, y con ellos calculó un promedio de días transcurridos entre la fecha en que ingresó un expediente a la Corte y hasta que se dictó la sentencia.

Las decisiones de la @SCJN tienen un gran impacto en la vida de las y los mexicanos. ¿Éstas se toman mediante procesos claros y transparentes? Presentamos #ObservatorioSCJN https://t.co/tRV54lqnDb

— México Evalúa (@mexevalua) July 5, 2022

Los tiempos más prolongados se dieron en la administración de José Vicente Aguinaco Alemán, primer ministro presidente desde la reforma de 1994, con un promedio de 303 días entre que un asunto llegó a la Corte y se resolvió mediante sentencia.

Es seguido por el actual presidente Arturo Zaldívar (255 días), Luis María Aguilar Morales (248), Genaro Góngora Pimentel (228), Guillermo Ortiz Mayagoitia (162), Juan Silva Meza (159) y Mariano Azuela (118).

Destaca que los menos de dos mil asuntos ingresados de 2019 a agosto de 2021, fueron resueltos por sentencia con un tiempo de 255 días en promedio; siete días más en comparación con el periodo de 2015 a 2018 cuando, se resolvieron más de 12 mil asuntos.

Además, el Comité de Transparencia de la Corte declaró inexistentes datos como las fechas de publicación de los engroses de algunos asuntos y los nombres de los ministros encargados de realizarlos, por lo que estas declaratorias fueron impugnadas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Finalmente concluye que en la Corte existen elevados márgenes de discrecionalidad en algunas de las etapas procedimentales que siguen los asuntos que recibe: falta de plazos, ambigüedad en las etapas, plazos no realistas y falta de regulación de algunas fases, lo cual profundiza el riesgo de que los ministros o la corte tomen decisiones discrecionales.

Algunos de los tiempos de resolución de las ponencias son significativamente más largos que otras, lo cual puede asociarse a factores organizacionales e ineficiencias, pero también porque existan intereses políticos o privados con potencial de influencia en estos tiempos, lo que vulnera la independencia judicial.

Entre 1995 y 2020 la Corte recibió 55 mil 787 acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos directos en revisión y amparos en revisión lo que fue un promedio de 2 mil 146 asuntos por ministro al año.

Aunque estos cuatro tipos de asuntos no son la mayoría de los casos que llegan a la Corte sí son los que requieren más tiempo y atención de los ministros para su resolución.

Durante la actual presidencia del ministro Arturo Zaldívar se ha registrado un atraso en la resolución de casos que plantean la inconstitucionalidad de la estrategia del presidente López Obrador.