Desafiando la ley que prevé hasta 7 años de prisión por tomar casetas de peaje, miembros de dos organizaciones  sociales se apostaron en el punto de peaje de Chiapa de Corzo, para cobrar cuotas de 50 a 100.

Portando palos y con el rostro cubierto, unas 40 personas, permanecieron cerca de 12 horas en el punto, el pasado martes, para exigir la presentación de detenidos y desaparecidos, la libertad de presos políticos y la desarticulación de grupos paramilitares, según informó la Guardia Nacional.

Estudiantes de la Escuela Rural de Mactumactzá también habían tomado la caseta el domingo para exigir al gobierno del estado, a cargo del morenista Rutilio Escandón, cumplir con los acuerdos para mejorar las condiciones del plantel.

En Sonora, la tribu yaqui también realiza cobros ilegales de peaje en al menos tres puntos de la carretera internacional 15 que va de Ciudad Obregón a la frontera con Estados Unidos.

Por el sólo hecho de pasar por su territorio hay que pagar piso en esa vía, señalaron, por lo que han instalado tres puntos donde cobran a los conductores 100 pesos por pasar.

El pasado 4 de febrero, normalistas de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, tomaron la caseta de Palo Blanco, para exigir el cobro “voluntario” a los automovilistas. Como la Guardia Nacional intervino para retirar a los manifestantes, éstos lanzaron artefactos explosivos, piedras y botellas de vidrio contra los agentes federales.

Los normalistas dirigieron un tráiler sin conductor contra los federales que permanecían en la carretera.

Desde esa fecha, la Guardia Nacional resguarda las casetas de cobro de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta para evitar pérdidas de al menos 70 millones de pesos, de acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con hasta siete años de prisión a quienes tomen las casetas de cobro y bloqueen carreteras, según información del periódico Reforma.