Un juez federal dictó prisión preventiva contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, exdueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, quien fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 185 millones 41 mil 280 pesos.

Durante su audiencia en el Reclusorio Sur, se determinó que el próximo lunes se decidirá si es vinculado a proceso, luego de que el empresario solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

A petición de la fiscalía, el juez de control del Centro de Justicia Penal, determinó que Olvera Amezcua debe permanecer en prisión ante el riesgo de que evada la justicia, pues no tiene un domicilio cierto y cuenta con recursos económicos con los que podría abandonar el país.

Asimismo, cuenta con al menos cuatro órdenes de aprehensión que implicarían su inmediata detención por otros hechos como presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los fiscales mencionaron que en su declaración fiscal consistente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR)en 2013 el empresario declaró ingresos menores a los obtenidos, declarando 10 millones 270 mil 132 pesos, cuando en realidad obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos, evadiendo pagar el ISR por 185 millones 41 mil 280 pesos.

Ayer, el gobierno de Estado Unidos deportó a México al ex dueño de Ficrea en el Puente de Lincoln-Juárez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalado de presuntamente defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores, al desviar más de 7 mil millones de pesos.

Olvera Amezcua estaba detenido en Estados Unidos desde su arresto en Texas en mayo de 2019, cuando afrontaba una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de la FGR.

En noviembre de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a Ficrea, una sociedad financiera de ahorro popular, al detectarse irregularidades en sus reportes financieros por 2 mil 700 millones de pesos que se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes e inmuebles no relacionados con las actividades de la sociedad y gastos personales de socios.

El 5 de octubre de 2015 un tribunal federal mexicano declaró en estado de quiebra a la microfinanciera, en vista de que el monto de sus activos era muy inferior al monto de las deudas con sus acreedores.

Los afectados han exigido al Gobierno de México la devolución íntegra de su dinero, argumentando que ellos entregaron sus ahorros a una institución autorizada y regulada por el Ejecutivo a través de la CNBV, sin embargo, 400 de los defraudados murieron sin ver el retorno de sus ahorros.