Primera parte

En su tercera entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 49,766 millones de pesos en irregularidades. Contando las tres entregas, el gasto público de 2020 presentó irregularidades por 63,011 millones de pesos, una cifra equivalente al presupuesto combinado que en 2022 tendrán las secretarías de Economía, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Cultura, Función Pública, Presidencia y todavía sobraría para pagar 5 veces el presupuesto del INAI.

Del total de irregularidades, 21,587 millones de pesos corresponden a la Administración Pública Federal, es decir, directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto equivale a todo el presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2022.

El 61% de las irregularidades pertenecen al gasto de Desarrollo Económico, en donde el caso principal corresponde a las redes de corrupción en la institución Seguridad Alimentaria Mexicana, que MCCI documentó desde agosto de 2020.

Por cada 100 pesos que se auditaron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se encontraron 30 pesos usados irregularmente.

A pesar de que el ramo de Salud debió utilizar sus recursos de la mejor manera para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia, fue el sector que tuvo mayor monto de irregularidades durante 2020: hay 2,750 millones de pesos sin aclarar.

El sector de Educación Pública tuvo una muestra auditada de 3,547 millones de pesos y se encontraron inconsistencias en 1,120 millones. Por cada 100 pesos gastados por la SEP, la ASF encontró irregularidades en 31.6 pesos.

En la Secretaría de Gobernación se identificaron 143 millones de pesos de irregularidades y por cada 100 pesos que la ASF revisó, encontró ilegalidades en 17 pesos.

El 98.4% de las irregularidades que detectó la ASF en el gobierno de López Obrador no han sido aclaradas hasta el momento y hay pocas esperanzas de ello, pues aún siguen en total impunidad el 99.1% de los hallazgos de la revisión del gasto de 2019.

El proceso del gasto público, comúnmente conocido como ciclo presupuestario, no concluye cuando el dinero es gastado, es necesario evaluar y fiscalizar cómo se usó. Para ello, se debe determinar cuáles son las áreas de mejora y se tiene que corroborar que el gasto público se haya utilizado conforme a las leyes. Este último paso es el análisis de la Cuenta Pública y es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En sus informes se encuentran las evidencias y documentos que respaldan cada peso y centavo que fue usado al margen de la ley y revisarlos a fondo es indispensable pues, por ejemplo, el caso conocido como La Estafa Maestra estuvo en los documentos públicos de la ASF desde 2011.

Desde 2016, los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública se presentan en tres entregas, una en junio, otra en octubre y, la final, en febrero del siguiente año. El pasado 20 de febrero se presentó la última parte de la auditoría a la Cuenta Pública de 2020. En su conjunto, las tres entregas consisten en 1,616 auditorías individuales y, a partir de ellas, se encontraron irregularidades en el gasto público por 63,011 millones de pesos. En particular, la tercera entrega de auditorías presentó 866 auditorías (53.6% del total) en las cuales se determinaron irregularidades por 49,766 millones.

Para tener una idea de la dimensión de estas irregularidades, con los más de 63 mil millones de pesos que se detectaron en el gasto de 2020, podría pagarse 3.3 veces el presupuesto completo de la Fiscalía General de la República (FGR). Igualmente, con esos recursos podría cubrirse el presupuesto combinado que en 2022 tendrán las secretarías de Economía, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Cultura, Función Pública, Presidencia y todavía sobraría para pagar 5 veces el presupuesto del INAI. Así de importantes son los recursos irregulares que detectó la ASF.

Para conocer con precisión cómo se está ejerciendo el presupuesto público no es suficiente con conocer el monto total de las irregularidades. Además, es importante identificar en qué áreas, instituciones, programas y proyectos se concentran y qué tipos de problemas encontraron.

Los resultados de la Cuenta Pública presentados por la ASF incluyen revisiones del gasto federal y al de los gobiernos locales. Como puede observarse en la siguiente gráfica, una parte importante de las auditorías individuales, muestras auditadas (cuánto dinero se revisó) e irregularidades detectadas corresponde al gasto federalizado. Por tanto, para analizar los resultados del ejercicio de la Administración Pública Federal (APF) es necesario descontar el gasto federalizado y las otras auditorías.

Restando el Gasto Federalizado y otras, quedan 21,587 millones de pesos en irregularidades. Dicho monto corresponde a las auditorías a la APF. A su vez, este monto puede descomponerse en tres partes según el grupo funcional. Primero, las auditorías al gasto para el desarrollo económico tuvieron irregularidades por 13,165 millones. Segundo, la categoría para el desarrollo social sumó irregularidades por 7,583. Por último, las actividades de gobierno acumularon probables daños a la hacienda pública por 839 millones de pesos.

 

Las auditorías por sector

Cada uno de los tres grupos funcionales de la APF está dividido en distintos sectores para identificar con mayor precisión en qué ramo se identificaron las irregularidades. El 61% de las irregularidades federales pertenecen al gasto de Desarrollo Económico.

De entre este grupo funcional, 9,011 millones de pesos corresponden al ramo de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde el principal caso de irregularidades corresponde a las redes de corrupción que desde agosto de 2020 denunciamos en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la dependencia encargada de otorgar precios de garantía a los productores del campo y lograr la autosuficiencia alimentaria. Le siguen, aunque en menor medida, las Empresas Productivas del Estado y el sector de Comunicaciones y Transportes, con 1,927 y 1,171 millones de pesos respectivamente.

Entre los ramos que cumplen funciones de desarrollo social, se identificó que, a pesar de que el ramo de Salud debió utilizar sus recursos de la mejor manera para hacer frente a la crisis por la pandemia, fue el que tuvo mayor monto de irregularidades durante el primer año de la pandemia: 2,750 millones de pesos sin aclarar. Para dimensionarlo, eso es más que los 2,131 millones que se gastarán para el programa de salud materna, sexual y reproductiva en la Secretaría de Salud. Estas irregularidades representan el 36% de las inconsistencias del gasto para el desarrollo social. Además, también se identificaron fuertes problemas en el ejercicio de otros temas prioritarios: hubo 1,230 millones en irregularidades en la Secretaría del Bienestar y 1,120 millones en Educación Pública.

En cuanto a las labores de gobierno, los montos de inconsistencia fueron comparativamente menores a los de otras categorías. El mayor monto corresponde a Hacienda, por 305 millones. Le siguen Gobernación con 144 millones de pesos y Relaciones Exteriores con 142 millones.

Irregularidades y muestras auditadas de Desarrollo Económico

Los montos de las irregularidades en cada sector pueden ser engañosos por sí mismos. Aún cuando es notable la concentración de irregularidades en algunos sectores, esto también puede depender del monto que fue auditado. Es decir, si la muestra auditada es muy grande o pequeña, se puede esperar que los montos sean proporcionales. En consecuencia, puede suceder que algunos sectores tengan montos menores de irregularidades, pero que comparados a la muestra auditada, son importantes. Por ello, también es importante considerar qué porcentaje de la muestra presentó probables daños al erario.

En el caso específico del sector de Desarrollo Económico, la siguiente gráfica muestra la relación entre las irregularidades determinadas y la muestra auditada. En el caso de este grupo funcional, por cada 100 pesos auditados, se encontró irregularidades en uno, lo cuál está arriba del promedio general. Por tanto, si cada sector de esta categoría tuviera la misma proporción de irregularidades, se encontrarían sobre la línea punteada. En consecuencia, mientras los sectores estén más arriba y a la izquierda de la línea punteada, presentan mayor proporción de irregularidades. Por el contrario, mientras más abajo y a la derecha, hay menor cantidad.

Adicionalmente a la distancia de la línea punteada, se puede observar que el color de cada sector depende del porcentaje de irregularidades frente a la muestra auditada. En particular, el ramo de Agricultura y Desarrollo Rural no sólo presenta la mayor cantidad en números absolutos de irregularidades, sino que también tiene el mayor porcentaje. Por cada 100 pesos auditados en esta dependencia, se encontraron irregularidades en 30. Si consideramos que el porcentaje de irregularidades en todo el gasto de Desarrollo Económico es del 1% y que en el total de las auditorías es del 0.75%, los resultados de esta categoría muestran alarmantes irregularidades.

Por el contrario del gasto en Agricultura y Desarrollo Rural, las Empresas Productivas presentaron inconsistencia en 0.2% de su ejercicio. A pesar de que este sector es el segundo con mayor cantidad de irregularidades en este grupo funcional, la muestra auditada es de más de un billón de pesos. Adicionalmente, el gasto en turismo —a pesar de ser pequeño—, tuvo problemas para probar el correcto uso de 2.6% de esos recursos.

Irregularidades y muestras auditadas de Desarrollo Social

En cuanto al grupo funcional para el Desarrollo Social, la ASF encontró irregularidades en 0.9% de los montos auditados, lo que sigue estando por arriba del promedio general de 0.75%. No obstante, entre los ramos de este grupo funcional hubo tres casos con porcentajes importantes de irregularidades. En primer lugar, el sector de Educación Pública tuvo una muestra auditada de 3,547 millones de pesos y se encontraron inconsistencias en 1,120 millones, el 31.6%. Con tales resultados se coloca como el caso con mayor proporción de irregularidades en este grupo.

En segundo lugar, el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró un 20.5% de inconsistencias, muy por arriba de los demás componentes. En tercer lugar, el gasto auditado en el sector Salud presentó probables daños a la hacienda pública en 8.4% de su presupuesto. Tales resultados muestran que dos de los tres sectores con mayores inconsistencias están relacionados con las crisis derivadas de la pandemia (la sanitaria y la educativa). Por tanto, estos resultados tienen el agravante de que pudieron afectar las acciones encaminadas a mitigar los efectos de la pandemia.

Irregularidades y muestras auditadas de Gobierno

En último lugar está el grupo funcional de los sectores de Gobierno. En este caso, hubo inconsistencias en 0.02% de la muestra auditada. Esta cifra es resultado de que el total de la muestra auditada asciende a 3.4 billones de pesos, pero sólo se encontraron inconsistencias en 839 millones. No obstante, hay mucha variación entre los ramos que componen este grupo y algunos presentan proporciones importantes de inconsistencias. Primero, Gobernación tuvo 17 pesos de irregularidades por cada 100, lo cual supera 85 veces el resultado general. Segundo, la Comisión Reguladora de Energía tuvo 6% de inconsistencias de sus cifras auditadas.

A partir de las revisiones de la ASF se puede identificar áreas con mayores irregularidades y, por consiguiente, mayor cantidad de posibles actos de corrupción. En estos casos se requiere una revisión de los procedimientos y de las fallas en el servicio público que permitieron mayores problemas en el ejercicio del gasto. En concreto, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2020 el grupo funcional de Desarrollo Económico concentró la mayor proporción de probables daños a la hacienda pública, en particular el ramo de Agricultura y Desarrollo Rural. A su vez, esto se explica por actos de corrupción que han sido documentados en Seguridad Alimentaria Mexicana.Otros sectores con una proporción importante de irregularidades y que requieren una revisión importante de sus procedimientos y mecanismos anticorrupción son los ramos de Salud, Educación Pública y Gobernación. 

En total, de los 21,587 millones de pesos con irregularidades en el Gobierno Federal, aún hay 21,238 millones de pesos que no se han aclarado o recuperado. Es decir, hasta este momento no se han aclarado ni devuelto los recursos del 98.4% de las irregularidades. Esta cifra podría disminuir en la medida que avance el proceso de revisión, como ha prometido el presidente López Obrador, pero hay pocas esperanzas si consideramos que de los 44,718 millones de pesos que la ASF identificó como irregularidades en el Gobierno Federal en 2019, el 99.1% siguen en total impunidad.