• Política

Sacan a Francisco Romero de la auditoría por violencia familiar

  • Mariana Salinas
Un juez de Control lo suspendió del cargo como medida cautelar
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Francisco Romero Serrano fue suspendido del cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el proceso penal que enfrenta por el delito de violencia familiar, y ahora el Congreso de Puebla definirá si es removido y su posible remplazo, a unos días de que denunció un boicot orquestado desde el gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta.

“En audiencia oral pública se decretó como medida cautelar en contra del imputado Francisco José Romero Serrano, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, siendo la de auditor superior del estado de Puebla. A dicho imputado se le indicó la carpeta judicial administrativa al rubro indicado, por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de violencia familiar cometido en agravio del menor de iniciales A. Z. V. (hijo de su pareja)”, dice la notificación enviada al poder Legislativa y leída públicamente por la diputada Karla Martínez Gallegos en la sesión ordinaria de este lunes.

La suspensión se notificó mediante el oficio 840/2022/CHOLULA, fue remitido por el juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente y se turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y a la recién creada comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE que reemplazó a la Comisión Inspectora presidida por la diputada de Morena, Olga Romero Garci Crespo. 

Martínez Gallegos detalló en su lectura que la medida cautelar contra el auditor se impuso tras los alegatos del abogado Arturo Almonte Carrera, adscrito a la Procuraduría de Protección a Menores del Sistema Estatal DIF.

Tras conocerse la suspensión en su contra, Romero Serrano anunció que denunciará desacato del personal del Ministerio Público porque ignoró las medidas cautelares que le habían concedido tras promover amparos y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

También anticipó denuncias contra personal de la Procuraduría de Protección a Menores porque será obligado a separarse del pequeño, hijo de su pareja Joseline Zurita, quien además está en riesgo de perder la custodia.

El 22 de diciembre de 2021 salió a la luz una orden de aprehensión en contra de Romero Serrano por presuntamente ejercer violencia familiar en contra de su pareja Joseline Zurita y el hijo de ella, quien padece síndrome de Asperger. 

La denuncia no fue presentada por su pareja ni por su familia, sino por elementos de la policía municipal de San Andrés Cholula, que supuestamente llegaron a atender la riña y en su parte policial aseguraron que hubo una fuerte discusión a gritos, golpes y hasta amenazas con armas de fuego. 

La orden de captura se liberó unos días después de que el Congreso del estado aprobó en “fast-track” reformas enviadas por Barbosa Huerta para modificar los requisitos para nombrar al titular de la ASE y para ampliar las atribuciones del Legislativo para destituirlo por “faltas graves”.

Romero Serrano denuncia intimidación 

Desde que se reveló la acusación de violencia familiar, Romero Serrano acusó ser víctima de persecución política y para evitar su detención tramitó un amparo.

En entrevista para e-consulta Joseline Zurita denunció que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) intentó quitarle a ella la custodia de su hijo como parte de esta persecución y hostigamiento que inició el gobierno del estado en su contra. 

El hostigamiento llegó a su domicilio y al colegio del menor, pues denunció que agentes ministeriales acudieron a solicitar informes académicos y psicológicos para determinar si el niño sufre maltrato como consta en la denuncia. 

Por ello, el 28 de diciembre Romero Serrano y su pareja interpusieron dos quejas ante la CNDH, con los folios 118385/2021 y 9821/2022, en donde solicitaron medidas cautelares por una posible persecución y hostigamiento en su contra. 

La CNDH aceptó las quejas e instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a emitir las medidas cautelares para proteger la integridad de Joseline Zurita, su hijo y del auditor.

La notificación fue enviada a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género el 11 de febrero de 2022, es decir, hace tres días, y también se instruía a la FGE a abstenerse de seguir integrando la carpeta de investigación. 

En su queja ante la CNDH, Joseline Zurita explicó que ella no presentó la denuncia por violencia familiar e iniciaron el proceso de investigación sin tomar en cuenta su declaración sobre los hechos. 

“Hasta la fecha no he sido citada para entrevista o para la realización de un acto de investigación en alguna carpeta en la que tenga relación con hechos de violencia familia”, explicó.

A pesar de esto, su testimonio fue ignorado, continuó el proceso contra de Romero Serrano y de ahí se derivó la suspensión de sus actividades como titular de la ASE. 

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