Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sección de preguntas y respuestas, una integrante del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa), le preguntó al presidente el por qué no había intervenido en el conflicto político del municipio de Coyomeapan.

“Y yo quiero hablar por mis compañeros que están en Puebla, mis compañeros periodistas han sido perseguidos por el gobierno de Barbosa, también hay unas personas que son de Coyomeapan, en la Sierra Negra de Puebla, en donde hay cerca de 200 fabricaciones de delitos en contra de los que están en contra de las personas que tienen el cacicazgo ahí en Puebla. Y se dice que la semana pasada hombres armados, supuestamente enviados por la diputada federal Aracely Celestino Rosas, detonaron dos granadas en contra de los habitantes de ese lugar”.

A lo que AMLO respondió qué: “yo le voy a pedir al licenciado Alejandro Encinas, que reciba a estas personas. Ahora nos das tú la información y la Subsecretaría de Derechos Humanos, de Gobernación, los va a atender para apoyarlos”.

Senado propone realizar nuevas elecciones en Coyomeapan

Respecto a este conflicto, la senadora Nestora Salgado García, propuso un punto de acuerdo en el que exhortó a diversas autoridades de Puebla a dar solución a partir de un nuevo proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena, que atienda la libre determinación del pueblo.

En el punto de acuerdo la senadora argumentó lo siguiente:

En el presente año, se llevaron a cabo elecciones para el cambio de su ayuntamiento, correspondiente al periodo 2021-2024, en las cuales se vislumbró un conflicto político que al día de la fecha no ha tenido una solución.

Esto debido a que la familia Celestino ha mantenido el poder en el gobierno municipal; iniciando con David Celestino Rosas (2011 – 2014), Araceli Celestino Rosas (2014 – 2018), David Celestino Rosas (2017-2021) y Rodolfo García López (esposo de Araceli Celestino Rosas) (2021 – 2024).

El domingo 6 de junio del 2021, fecha en que se realizaron las elecciones, un grupo de pobladores tomaron las oficinas del Consejo Municipal Electoral, acusando que durante las votaciones en donde resultó ganador Rodolfo García López, él y su equipo de campaña compraron votos y días antes recurrieron a la intimidación de los habitantes, por lo que exigían el recuento voto por voto.

Ante las irregularidades de las autoridades electorales, la población tomó las instalaciones del ayuntamiento y otros edificios públicos de la cabecera, no hubo vandalismo en esos hechos y los bienes públicos muebles e inmuebles permanecen en resguardo por parte de la comunidad.

A pesar de este altercado, ratificaron el triunfo de Rodolfo García López y posteriormente asumió el cargo en el centro integral de servicios de Ajalpan, lugar en el cual ha mantenido la gestión del municipio ante la imposibilidad de ingreso a la cabecera municipal de Coyomeapan.

El gobierno intervino, pero las acciones realizadas no han sido suficientes, pues a pesar de buscar un acercamiento con la población inconforme, la detención entre el primero y el 5 de septiembre de los ciudadanos Anastasio González Sanjinéz, Eruviel Aguilar Gómez, Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez; acrecentó la desconfianza en el gobierno municipal y estatal qué mermó la posibilidad de generar un ambiente de gobernabilidad con el cual el ayuntamiento.

Prevén consecuencias graves por falta de arreglos en Coyomeapan

La tensión es evidente, pues continúan los actos de protesta por parte de pobladores del municipio, ya que no solo hay inconformidad en la cabecera municipal, sino también en las juntas auxiliares e inspectorías, lo que va en detrimento de esta población indígena tan desfavorecida, que no podrá lograr superar sus niveles de marginación rezago y pobreza ante una inestabilidad política.

La población de Coyomeapan insiste que la solución al conflicto es el reconocimiento de su derecho a la libre determinación para elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

La resolución del conflicto político representa promover respetar proteger y garantizar los Derechos Humanos de las personas, pueblos, comunidades indígenas en el estado de Puebla, aunado a que, si se permitiera acrecentar este conflicto sin la búsqueda de una conciliación entre las partes, a la postre podría resultar en acciones más violentas que vulneran los derechos de sus pobladores.

Por lo tanto, es necesario que todas las autoridades estatales actúen conforme a derecho.

Piden considerar nuevas elecciones

Mediante un punto de acuerdo el Senado de la República pedirá al gobierno del estado que, realice las acciones pertinentes que logren a conciliación entre las partes del conflicto político en el municipio de Coyomeapan, para que se puedan dar las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática, a partir de la reposición del proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena, con base en sus sistemas normativos propios, atendiendo a la libre determinación del pueblo indígena de Coyomeapan.

A la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes por posibles violaciones a los derechos humanos de las personas acusadas por los hechos acontecidos en Coyomeapan el pasado mes de septiembre de 2021.

Y a la Fiscalía General del estado de Puebla, para que retire los cargos en contra de las personas privadas de su libertad y brindar garantías que permitan esclarecer los hechos acontecidos en Coyomeapan.

Barbosa solapa ausencia del edil y represión en Coyomeapan

Cabe resaltar que, el municipio de Coyomepan continúa como objeto de represión por parte del gobierno del estado de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, esta vez, a través de balazos al aire y amenazas en contra de la población que rechaza la administración de Rodolfo García López, esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas.

La abogada Araceli Bautista en entrevista con e-consulta, dijo que esta represión: “afecta también a los luchadores sociales que también han sido amedrentados excesivamente, de pronto se registran balazos u agresiones, ya que ingresan al municipio por las veredas, han intentado amedrentar a la gente balazos entre 3 y 4 de la mañana, gracias a que la población está organizada se ayudan para que el miedo no sea lo más importante”.

A decir de la abogada la situación actual del municipio a 7 meses de que se encuentra resguardado por los pobladores, no es de ingobernabilidad como se podría considerar, ya que todos se encuentran organizados con la intención de “defender al pueblo”.

Sin embargo: “los atentados han sido seguidos, en meses pasados lastimaron a un poblador, le dieron un balazo y lo hirieron con un machete, en el hospital estuvieron los Celestino, lo querían culpar de la agresión, por lo que sacaron al joven del hospital en la madrugada para pasar desapercibidos y evitar su detención”.

En Coyomeapan, a casi tres meses de la toma de protesta, no aceptan al presidente Rodolfo García López: “no lo quieren, está gobernando sin pueblo, hasta el momento no se ha parado en el municipio, a como dé lugar quieren meterse y de alguna manera presionar a la gente. La gente no acepta esta presión”, comentó la abogada.

Aunque versiones periodísticas de medios afines al gobierno de Miguel Barbosa, aseguraron que el municipio se encuentra tomado y lleno de delincuencia, la abogada indicó que en el lugar no hay basura, no hay delincuencia, no hay vandalismo; entre los pobladores hacen mejoras, se organizan en las cuestiones que pueden solventar, pero el ejercicio del recurso público está detenido, hasta el momento.

“Eso es lo que se quiere creer, no vaya a ser que se lo estén entregando a alguien que no está administrando ningún pueblo”.

Respecto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Araceli Bautista expusó que cuando fueron a la cuarta visitaduría de pueblos indígenas, les dijeron que no se les podía dar atención hasta dentro de 6 meses.

Por esta razón, la abogada amagó con “tomar otras medidas” y entonces mandaron medidas precautorias, que, aunque en su momento se establecieron, luego las agresiones contra los ciudadanos continuaron.

En cuanto al ámbito periodístico, la abogada acusó que a los medios estatales se les impusó la Ley mordaza, por lo que, aunque dieron entrevistas con varios medios, estos no las publican, argumentando falta de aprobación.

“Si se aprueba por el gobernador la nota sale. si no, se van al anonimato, estamos pidiendo que los medios de comunicación del estado de Puebla hablen, den a conocer esta situación, que digan algo”.