El municipio de Coyomepan continúa como objeto de represión por parte del gobierno del estado de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, esta vez, a través de balazos al aire y amenazas en contra de la población que rechaza la administración de Rodolfo García López, esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas.  

La abogada Araceli Bautista en entrevista con e-consulta, dijo que esta represión: “afecta también a los luchadores sociales que también han sido amedrentados excesivamente, de pronto se registran balazos u agresiones ya que ingresan al municipio por las veredas, han intentado amedrentar a la gente balazos entre 3 y 4 de la mañana, gracias a que la población está organizada se ayudan para que el miedo no sea lo más importante”.

A decir de la abogada la situación actual del municipio a 7 meses de que se encuentra resguardado por los pobladores no es de ingobernabilidad como se podría considerar, ya que todos se encuentran organizados con la intención de “defender al pueblo”.

Sin embargo: “los atentados han sido seguidos, en meses pasados lastimaron a un poblador, le dieron un balazo y lo hirieron con un machete, en el hospital estuvieron los Celestino, lo querían culpar de la agresión, por lo que sacaron al joven del hospital en la madrugada para pasar desapercibidos y evitar su detención”.

En Coyomeapan, a casi tres meses de la toma de protesta, no aceptan al presidente Rodolfo García López: “no lo quieren, está gobernando sin pueblo, hasta el momento no se ha parado en el municipio, a como dé lugar quieren meterse y de alguna manera presionar a la gente. La gente no acepta esta presión”, comentó la abogada.

Aunque versiones periodísticas de medios afines al gobierno de Miguel Barbosa aseguran que el municipio se encuentra tomado y lleno de delincuencia, la abogada aseguró que en el lugar no hay basura, no hay delincuencia, no hay vandalismo; entre los pobladores hacen mejoras, se organizan en las cuestiones que pueden solventar, pero el ejercicio del recurso público está detenido, hasta el momento.

“Eso es lo que se quiere creer, no vaya a ser que se lo estén entregando a alguien que no está administrando ningún pueblo”.

Respecto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Araceli Bautista expuso que cuando fueron en la cuarta visitaduría de pueblos indígenas les dijeron que no se les podía dar atención hasta dentro de 6 meses.

Por esta razón la abogada amagó con “tomar otras medidas” y entonces mandaron medidas precautorias, que, aunque en su momento se establecieron, luego las agresiones contra los ciudadanos continuaron.

En cuanto al ámbito periodístico la abogada acusó que a los medios estatales se les ha impuesto la Ley mordaza, por lo que, aunque se han dado entrevistas con varios medios, estos no las publican, argumentando falta de aprobación.

“Si se aprueba por el gobernador la nota sale si no, se van al anonimato, estamos pidiendo que los medios de comunicación del estado de Puebla hablen, den a conocer esta situación, que digan algo”.