Tlaxcala resiste a dos problemáticas de urgencia social: la contaminación y la trata. Cada dos horas y media muere una persona por exponerse a las sustancias tóxicas que confluyen en la cuenca del río Atoyac; al mismo tiempo, el estado se encuentra en los primeros puestos de trata de personas, particularmente mujeres, con fines de explotación sexual. 

El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. ha hecho de estas dolencias un motivo de lucha y resistencia estratégicas durante casi veinte años. Este caminar comunitario fue reconocido con el premio Tata Vasco otorgado por las Universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) durante el cierre de su Foro de Derechos Humanos 2021.  

La organización galardonada surgió en la comunidad pastoral de la diócesis de Tlaxcala, cuyos encuentros permitieron identificar las vulnerabilidades de la comunidad a partir de historias emblemáticas. Tal es el caso de Chabe, una mujer cuya hermana falleció de cáncer a consecuencia de años de exponerse a la toxicidad del Atoyac. O Carmen, una mujer que, siendo adolescente, fue embaucada por un hombre que la arrastró a una red de trata. 

La directora del Centro Fray Julián, Alejandra Méndez Serrano, valoró el pergamino conmemorativo como un aliciente que respalda el trabajo en pro de la justicia social. Llamó a las autoridades estatales a tomar acciones efectivas frente a ambas problemáticas. “No hay justicia social sin justicia ambiental. Nos queremos libres de trata”. 

Las universidades jesuitas encuentran su razón de ser en un compromiso con la realidad que halla su máxima expresión entre las personas descartadas. La misión del SUJ es ser un respaldo intelectual de quienes cuentan con la verdad y la razón, pero no con las credenciales académicas para hacer valer su voz.  

Como expresó el Mtro. Mario Patrón Sánchez, el premio Tata Vasco debe entenderse como el compromiso de acompañamiento a las personas que luchan por sanar a un país herido por las omisiones de las autoridades. El Rector de la IBERO Puebla extendió su gratitud hacia los galardonados cuya resistencia encarna un acto político que impulsa el desarrollo de un mundo más justo.  

Desde 2002, el Centro Fray Julián ha contribuido a comprender el fenómeno de trata de mujeres, lo que impulsó la tipificación del delito a nivel estatal y el emprendimiento de acciones para su prevención. De forma paralela, la defensa del río Atoyac se centra en salvaguardar la integridad del acuífero mismo, pero también de las comunidades que de él se nutren.  

Ante la grave crisis de derechos humanos, las universidades y organizaciones que trabajan por la defensa de derechos humanos tienen la obligación de exigir instrumentos y procedimientos para erradicar la impunidad que exacerba la crisis humanitaria. “Estamos llamados a orientar nuestro proceder desde la fe y hacia la justicia”, aseguró Luis Arriaga Valenzuela, Rector del ITESO de Guadalajara, al clausurar el foro albergado en aquella universidad. 

Nombrado en honor al obispo Vasco de Quiroga, el reconocimiento se entrega desde 1994 a quienes persiguen la utopía de un mundo mejor a través de la defensa de los derechos humanos. La junta del SUJ otorgó una mención honorífica inédita a Familia Pasta de Conchos, que ha denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las mineras. María Trinidad Cantú Cortés, madre de un minero fallecido en la explosión de 2006, recibió la medalla por la organización.