Académicos e investigadores pidieron al Congreso de la Unión intervenir para liberar la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que fue tomada desde el 29 de junio en medio de un conflicto entre la familia Jenkins de Landa y el nuevo patronato que dirige Horacio Magaña.

Además de la liberación campus, la comunidad demandó entregar de forma inmediata la administración a la Fundación Jenkins, que preside Margarita Jenkins de Landa, a fin de volver a operar con normalidad.

Lo anterior mediante una carta abierta firmada por docentes e investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creadores artísticos, integrantes del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembros de diversas sociedades y academias científicas, humanistas y culturales del país.

La carta fue dirigida a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, así como a diputados, diputadas, senadoras y senadores de la LXV Legislatura.

“Los exhortamos a que este asunto se comparta con sus pares en las Cámaras y se pueda discutir y abogar por una solución en el marco de la legalidad y el estado de derecho que debe imperar en nuestra nación, teniendo en cuenta siempre los derechos de la población afectada”, enfatiza el desplegado.

Desalojo e intimidación 

En la carta los y las firmantes denunciaron que el 29 de junio se encontraban trabajando cuando se “les dio la indicación de evacuar, dado que numerosos miembros de la Policía Estatal Auxiliar, portando armas largas apoyaron a un grupo de personas externas a la institución y se identificaron como el nuevo Patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla”.

El nuevo patronato fue nombrado por la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Gobernación estatal.

Lo anterior justificado por supuestos problemas judiciales que involucran a miembros del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación Universidad de las Américas Puebla. 

“El desalojo del personal académico, administrativo, sindicalizado e incluso de estudiantes que se encontraban realizando trámites administrativos o preparándose para sus cursos del periodo de Verano, ocurrió por parte de personal de seguridad armado, incluso a pesar de que existía y se presentó una orden de amparo vigente contra tal acción, un acto inconcebible en un país en donde debe prevalecer un estado de derecho”, acusa la carta.

A más de tres meses de haberse apoderado del campus, tanto el personal académico y administrativo como estudiantes tienen negado el acceso a las instalaciones, a pesar de que el resto de las instituciones educativas superiores del estado ya han podido regresar a actividades presenciales escalonadas. 

Por ello denunciaron que el mantenimiento del campus se ha visto interrumpido, afectando no solamente su apariencia estética de los jardines, sino también poniendo en riesgo instalaciones eléctricas, sanitarias, infraestructura educativa, equipamiento de laboratorios de docencia e investigación, archivos escolares.

Actualmente se afectan trámites escolares de estudiantes que requieren documentación para continuar con sus estudios de posgrado o concluir sus trámites de titulación.

“Menoscaba nuestras actividades de investigación y, en el caso de los alumnos, perjudica notablemente su educación, ya que a pesar de que la educación se considera ahora una actividad esencial, ellos no pueden recibirla de manera presencial en las aulas”, advierte.

Las y los docentes siguen impartiendo clases en línea, con la "misma calidad y empeño" que ha distinguido a la institución durante su historia, añade el escrito, pero reprocharon que las actividades de investigación y docencia práctica y experimental, en las que el acceso a laboratorios es imperante, se han visto interrumpidas por esta situación.

A esto sumaron que el conflicto ha afectado incluso a la población de San Andrés y San Pedro Cholula, ya que numerosos negocios dependían económicamente de la afluencia diaria de casi 10 mil estudiantes y cerca de 1 mil 500 trabajadores académicos, administrativos y sindicalizados.

"Los negocios se han visto obligados a cerrar y otros más han visto afectados sus ingresos; actividades económicas de familias que subsisten a través de la renta de habitaciones y hospedaje a estudiantes, venta de comida y servicios", puntualiza la carta firmada por más de 100 personas.