• Sociedad

Periodistas lamentan opacidad de la administración de Barbosa

  • Karen Meza
Analizan investigación sobre la escasa información del uso de recursos públicos
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En el gobierno de Puebla que encabeza Luis Miguel Barbosa existe una gran opacidad en el uso de recursos públicos que se entregan a particulares mediante un proceso de licitación, señalaron miembros de la organización Puebla contra la corrupción y la impunidad, además de los directivos de e-consulta y Lado B.

Durante el foro virtual para analizar el libro  “Adquisiciones Públicas Bajo La Lupa: 2019 – Nov 2020”, que analiza los primeros dos años del primer gobierno de izquierda en la entidad, los periodistas Rodolfo Ruiz, de e-consulta, y Ernesto Aroche, de Lado B, señalaron que no se ha mejorado la transparencia, aunado a que las dependencias se niegan a cumplir su compromiso con el argumento de la contingencia sanitaria de Covid-19.

El análisis reporta que en los primeros dos años de la administración de Luis Miguel Barbosa se han otorgado por “adjudicación directa” un monto superior a los 3 mil 883 millones de pesos, eliminando la sana competencia.

Los autores del libro, Itzel Jiménez y Sergio Mastretta, lamentaron que los propios organismos del gobierno del estado así como las entidades autónomas, entre ellas el Sistema Estatal Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) no den garantías para terminar con la opacidad y la corrupción.

Rodolfo Ruiz destacó que de los más de 8 mil 500 millones de pesos que considera la Ley de Ingresos apenas se transparenta el 19% por ciento, es decir,  poco más de 1 mil 609 millones de pesos.

“La investigación da un panorama de la enorme discrecionalidad (…) y que están creciendo los concursos por invitación de adjudicaciones directas”, dijo.

Como ejemplo de malas prácticas citó los casos de las fotomultas y de los uniformes escolares, éstos últimos pese a que no eran una emergencia porque los estudiantes toman clases en línea en casa por la pandemia de Covid-19.

“Barbosa, que tanto criticó a Guillermo Pacheco Pulido porque había pagado los uniformes con un sobrecosto de 30.2 billones de pesos, resulta que a este gobierno le salieron 160 millones de pesos más caros”, puntualizó.

También dijo que quedaron descubiertas las “mentiras” de la secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui, en su reciente comparecencia ante el Congreso Local en la que refirió ante los diputados que el 89% de la obra pública del estado se licitó públicamente, y sólo el 11% se asignó directamente. “Son cosas que contrastan totalmente con (la) investigación”.

Ernesto Aroche, de Lado B, señaló que a quien sí “le vino como anillo al dedo” la pandemia es al gobernador Miguel Barbosa .

“Nos siguen viendo como personas con poco criterio, porque nos quieren dar atole con el dedo hablando de transparencia, que son transparentes, pero en la práctica son poco transparentes”, dijo.

Sergio Mastretta explicó que en su investigación hay dependencias y organismos como el ISSSTE que no han transparentado nada de su información, entre 2019 y noviembre del 2020.

Itzel Jiménez señaló que se está incurriendo en las malas prácticas del gobierno interino de Guillermo Pacheco, quien reportó gasto de obras que nunca se ejecutaron, pero que ahora la falta de información está “provocando un daño irreparable a la transparencia”.

Los panelistas coincidieron en que el periodismo de investigación es una herramienta obligada para exigir a todos los niveles de gobierno a cumplir con sus responsabilidades y también  sancionar las omisiones e irregularidades.

“Es importante la aplicación de acciones para que las instituciones hagan la chamba. Se debe apuntalar al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Creo que los ciudadanos tenemos que exigir cuentas a los diputados, que no hacen más que aplaudir a los funcionarios”, agregó Rodolfo Ruiz.

Durante el foro, además reconocieron el trabajo de e-consulta y condenaron la serie de demandas,  algunas por 5 millones de pesos y otras por 7 millones de pesos en contra de Rodolfo Ruiz, además de la censura en otros medios de comunicación con la amenaza de también denunciarlos.

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