Entre 2013 y 2019 las víctimas de corrupción en Puebla crecieron de 11.1 a 15.7 por cada 100 mil habitantes, aun cuando existen hasta seis órganos estatales para frenar este tipo de prácticas.

Con motivo del Día Internacional contra la corrupción este 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que Puebla está entre las entidades con mayor tasa de casos.

Según el indicador denominado Prevalencia del Soborno, en 2013 había una tasa de 11.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que colocó a la entidad en la posición número 13 a nivel nacional con mayor incidencia.

Sin embargo el indicador aumentó 4.6 por ciento en un lapso de seis años, dado que al cierre del 2019 el Inegi estableció que la tasa por cada 100 mil habitantes se elevó a 15.7 unidades.

Con este último porcentaje Puebla pasó del sitio 13 al 10 con mayor prevalencia de sobornos.

El crecimiento de esta práctica se registró aunque la entidad cuenta con un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; un Consejo de Participación Ciudadana; una Fiscalía Anticorrupción; la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; un Tribunal de justicia Administrativa; así como Planes y Programas Anticorrupción.

El Inegi destacó que en total 25 estados mostraron un incremento en la corrupción, siendo Durango el que tuvo la tasa más alta con el 25.4 por ciento.

A nivel nacional, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública (59.2 por ciento de los casos), hacer gestiones relacionadas con la propiedad (25%) o trámites ante el Ministerio Público (24.8%).  

A su vez el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos

porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4 por ciento del total de las unidades económicas, sobre todo en los sectores de industria y servicios.

Y no hay denuncias

La falta de confianza en las autoridades se refleja también en los bajos niveles de denuncia de los delitos.

En Puebla el 79.7 por ciento de las víctimas de corrupción admitió que no presentó ninguna denuncia, cifra que está por debajo del promedio nacional que llega al 81 por ciento.

A nivel general, en México aproximadamente 9 de cada 10 delitos no se denuncian.

En el particular caso del soborno, en 2019 el 81 por ciento de las víctimas no denunciaron el hecho contra 5.1 ciento que sí lo hicieron, tasa que se mantiene desde 2013.

“Entre las principales causas de la no denuncia se encuentran las relacionadas con la capacidad del sistema para brindar una solución, ya que de las personas que no denunciaron, 3 de cada 5 no lo hizo porque perciben que es inútil denunciar, lo

consideran una pérdida de tiempo o bien, creen que la corrupción es una práctica tan común que no consideran necesario denunciar”, se expone.

A nivel nacional, sólo en 2019 el costo total por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó 3 822 pesos promedio por persona afectada.

Acerca del costo que representa el trámite con mayor frecuencia de corrupción, es decir, derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, este fue de 2 mil 244 millones de pesos en 2019, lo que significó un gasto promedio de 1 mil 294 pesos por cada víctima.

Combate a nivel municipal está mermado

A nivel municipal el Inegi señala que sólo un 20 por ciento de los ayuntamientos del país reportaron contar con mecanismos especializados en el combate a la corrupción, porcentaje que es mayor en el caso de los municipios de Puebla.

Los datos del organismo detallan que en la entidad el 22.6 por ciento de los municipios cuentan con un plan anticorrupción, mientras que el 69.6 por ciento no lo tienen y un 7.8 por ciento no entregó información para saber su estatus.

Hidalgo es el estado con más municipios que tienen un plan anticorrupción con el 53.6 por ciento y un 46.4 por ciento que no; en tanto que hasta el 2018 ninguno de los municipios de Tabasco contaba con estas medidas.