La toma del Congreso de Puebla por feministas que piden la despenalización del aborto es un movimiento radical auspiciado por el Ayuntamiento de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), acusó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario hizo el señalamiento directo contra el rector Alfonso Esparza Ortiz y la Comuna, al señalar que no puede acudir al Poder Legislativo para dar su segundo informe de gobierno.

“No hay condiciones para ir al Congreso en este momento. Ahí está un movimiento radical auspiciado por el Ayuntamiento (de Puebla) y el rector de la BUAP, (Alfonso Esparza Ortiz)”, afirmó.

Miguel Barbosa refirió que “no será parte del show” y cumplirá con enviar, por escrito, su informe de gobierno a los diputados locales.

“Yo cumplo con mandar un escrito y en todo caso mandaré un mensaje a la sociedad poblana”, adelantó.

También dijo que los diputados locales tendrán que definir si habría una sede alterna para que se realicen la sesión solemne y el acto protocolario.

El pasado 24 de noviembre, activistas poblanas tomaron las instalaciones del Congreso del Estado para exigir la despenalización del aborto.

Este lunes hay una reunión, virtual y de acceso privado, de feministas con diputados y autoridades.

El fin de semana, profesoras, estudiantes y egresadas del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) enviaron una carta a las integrantes de la Coordinadora Feminista de Puebla para manifestar su apoyo a la toma del Congreso en pro de la legalización del aborto.

Sin recursos para nuevo reclusorio

Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa refirió que no hay condiciones económicas para construir un nuevo reclusorio en el 2021.

Estimó que la edificación de un centro penitenciario puede costar entre mil y mil 500 millones de pesos, y que no cuentan con esa inversión ni buscarán un crédito para desarrollarlo, además de que es complicado encontrar un terreno, así como liquidarlo.

La construcción de un reclusorio con  un préstamo financiero,  podría representar para la entidad una deuda por 18 mil millones de pesos, pero aclaró que no la solicitará.

Barbosa reconoció que el penal de Cholula, Tehuacán y San Miguel en la capital, necesitan intervenciones para terminar con la saturación.