Por pleitos con el PAN los diputados locales del PRD se negaron a impugnar la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta y fracasó la acción de inconstitucionalidad que se interpondría en la SCJN.

A las 23:59 horas de este jueves vence el plazo para presentar el recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el bloque opositor no reunió las 14 firmas que se requieren como mínimo, ya que solo 13 legisladores han logrado ponerse de acuerdo.

Luego de tres días de negociaciones los perredistas Liliana Luna Aguirre y Armando García Avendaño rechazaron sumarse al juicio pese a que votaron en contra de la norma aprobada por la mayoría de Juntos Haremos Historia el 15 de mayo.

Fuentes del poder Legislativo confiaron a e-consulta que la bancada del sol azteca se negó a firmar por presuntos malos tratos de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas y del coordinador de la fracción panista, Oswaldo Jiménez López.

Ambos operaron la elaboración de la acción de inconstitucionalidad y cabildearon el apoyo de los diputados en el Congreso local, pero no concretaron el apoyo del PRD.

Los perredistas abandonaron las negociaciones durante una reunión en las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, donde supuestamente se les intentó presionar para firmar, en vista de que se negaban a ceder su apoyo.

Únicamente los cuatro diputados locales del PAN; los cuatro del PRI; los dos de Movimiento Ciudadano (MC); el único de Compromiso por Puebla (CPP), así como José Juan Espinosa Torres (del PT) y el diputado sin partido Héctor Alonso Granados accedieron a apoyar la impugnación.

Para la presentación de una acción de inconstitucionalidad se requiere el aval de al menos el 33 por ciento de una Legislatura local, es decir, 14 de los 41 diputados en el caso de Puebla.

Perredista denuncia acoso

Luna Aguirre señaló que no firmó la acción de inconstitucionalidad porque se incluyó su nombre sin su autorización y porque no está de acuerdo con su contenido, jurídicamente hablando.

A través de un boletín de prensa denunció que por negarse a apoyar el recurso ahora es objeto de acoso en redes sociales y presiones de diversos grupos.

Incluso acusó que los hombres que no firmaron (como su compañero García Avendaño), no son objeto de intimidación, por lo que alegó violencia de género.

Reclaman inconstitucionalidad

El juicio elaborado por los panistas reclama que la Ley de Educación, nombrada en redes sociales como “Ley Barbosa”, resulta inconstitucional en su totalidad.

La impugnación no pretendía invalidar artículos o fracciones específicos, sino toda la norma por considerar que es contradictoria, ambigua, impositiva y restrictiva.

Estos señalamientos se suman a los que han realizado en el mismo sentido la Barra de Abogados de México, escuelas privadas, asociaciones de padres de familia y el Consorcio Universitario, que agrupa a las universidades más importantes del estado: la BUAP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la UPAEP, la Anáhuac y la Universidad Madero.

Con la nueva Ley de Educación el gobierno de Puebla regulará nombres y colores de escuelas; tendrá injerencia en los cobros de instituciones privadas; ordenará a universidades públicas, como la BUAP, a cooperar con las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y prohibirá a las instituciones particulares retener documentos por falta de pago u obligar a comprar uniformes o materiales escolares con un proveedor determinado.

La norma fue aprobada en “fast-track” por la coalición Juntos Haremos Historia el 15 de mayo, tan sólo cuatro días después de que la envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, lo cual causó descontento y una ola de críticas a nivel nacional.

A pesar de esto legisladores afines al mandatario minimizaron los reclamos, se burlaron de las críticas e incluso bromearon con “nacionalizar” la UPAEP y la UDLAP.