El gobernador Miguel Barbosa Huerta promueve una reforma para castigar hasta con 6 años de cárcel la discriminación contra personal médico en Puebla, así como para aumentar las penas por delitos que se cometan en agravio de este sector.

Tras las agresiones al personal de salud en medio de la crisis por Covid-19, el mandatario busca modificar el Código Penal del estado para endurecer las sanciones por ataques y actos discriminatorios.

En una iniciativa enviada este miércoles al Congreso del estado plantea duplicar las sanciones por discriminación cuando las víctimas sean médicos, cirujanos o enfermeras, ya que actualmente este delito solo amerita de uno a tres años de prisión de manera general.

La excepción que busca para el personal médico sólo aplicaría durante una emergencia sanitaria, pues si no hay tal, las penas continuarán como están.

Su propuesta consiste solamente en modificar parcialmente el artículo 357 del código, que al día de hoy dicta:

“Se aplicará prisión de uno a tres años y de cien a quinientos días de multa a todo aquél que, por razón del origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad”.

La idea del mandatario es agregar un párrafo que diga:

“Cuando la conducta (discriminación) sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión incrementará de tres a seis años”.

Los actos discriminatorios

De acuerdo con el artículo 357 del Código Penal, comete actos discriminatorios la persona o institución que:

“I.- Provoque o incite al odio o a la violencia; II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;

III.- Veje o excluya persona alguna o grupo de personas; y IV.- Niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo.

Ahí mismo advierte: “al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en este numeral, además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”.

Y precisa que no serán consideradas discriminatorias “todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos”, además de que el delito de discriminación se perseguirá por querella de la parte ofendida.

Pide aumentar penas a delitos

Barbosa Huerta pretende también que las penas por cualquier delito se incrementen una parte cuando sean cometidos contra el personal médico durante una crisis sanitaria.

Para esto pidió agregar al Código Penal un artículo 338 bis que diga:

“Tratándose de delitos cometidos en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector público que presten servicios de salud en términos de la ley de la materia, que en ejercicio de sus funciones o derivado de las mismas, durante del periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena aumentará en un tanto, además de la que corresponda por el o los delitos cometidos”.

La iniciativa del gobernador será presentada formalmente en la sesión de la Comisión Permanente y será discutida y aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 

Hace unos días, el diputado panista Oswaldo Jiménez López promovió por su parte una iniciativa para castigar hasta con 13 años de cárcel las agresiones físicas contra el personal de salud.