La bancada del PRI en el Congreso de Puebla carece de rumbo por falta de acuerdos entre los cuatro integrantes, el ausentismo del coordinador Javier Casique Zárate y la próxima salida del Antorchista Nibardo Hernández Sánchez.

Así lo reveló la diputada Rocío García Olmedo en el programa Ante la Corte, de e-consulta, al exhibir que el grupo parlamentario no se reúne desde julio y cada miembro actúa por cuenta propia.

La legisladora reconoció que la fracción priísta no sigue una agenda común, no acuerda cómo votar ni la postura que asumirá como oposición.

Desde el 15 de julio que dejó la coordinación del grupo —aseguró— Casique Zárate no informa de lo que se decide en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) con los otros partidos.

En parte atribuyó esto a que el legislador constantemente no acude a las reuniones de Jugocopo ni a las sesiones del pleno y comisiones, por ser secretario de Acción Electoral del PRI a nivel nacional.

Al no prever un relevo en la coordinación, advirtió que la bancada del tricolor seguirá sin asumir claramente un papel en el Poder Legislativo, que es controlado por la coalición Juntos Haremos Historia.

Nibardo Hernández se va

García Olmedo adelantó que Nibardo Hernández Sánchez (del distrito de Acatlán de Osorio) dejaría en 2020 la bancada del PRI y se convertiría en diputado sin partido luego de que el Movimiento Antorchista obtenga su registro de partido político local que está tramitando.

Confirmó que la agrupación remplazó en la contienda por el registro a Podemos Puebla, asociación que dirige Elieser Casiano Popócatl, exdiputado federal suplente del líder antorchista Juan Manuel Celis Aguirre.

De concretarse la salida del legislador local, en la fracción solo quedarían García olmedo, Casique Zárate y Josefina García Hernández.

Biestro será juez y parte

Por otro lado, García Olmedo reprobó nuevamente la incorporación del presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, a las comisiones de Presupuesto y Crédito Público y Hacienda y Patrimonio Municipal, así como al Comité de Adquisiciones.

Igual que en la sesión del lunes, alertó que el presidente de la Jugocopo incurre en conflicto de interés porque ahora tendrá oportunidad de asignar el presupuesto del Poder Legislativo, que a la vez administra.

A la vez tendrá injerencia en los procesos de licitación y adjudicación de contratos, además de que su adhesión a las comisiones fue contra el principio de paridad de género, ya que los espacios que cubrió correspondían a mujeres, ya que los ocupaban las diputadas de Morena que pidieron licencia para ir al gobierno del estado: Leonor Vargas Gallegos y Yadira Lira Navarro.

Reforma de Barbosa quedó incompleta 

En otro tema, García Olmedo advirtió que la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta que mantiene como delito el aborto, además de ir contra la agenda de la “cuarta transformación”, quedó incompleta, porque impone la misma pena si se interrumpe el embarazo en el primer día o el último.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del estado señaló que la modificación hecha al Código Penal del estado carece de temporalidad.

Los cambios aprobados el 8 de octubre por la coalición Juntos Haremos Historia consistieron en eliminar las tres fracciones del artículo 342 y únicamente dejar el primer párrafo.

La versión original del texto decía: “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren las tres circunstancias siguientes: I. Que no tenga mala fama; II. Que haya logrado ocultar su embarazo; III. Que éste no sea fruto de matrimonio. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrán de uno a cinco años de prisión”.

Al suprimir las tres fracciones, la ley quedó de la siguiente manera: “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.

García Olmedo alertó que la redacción avalada por mayoría resulta ambigua y no define la temporalidad del delito.

Esto debido a que el artículo 339 del Código Penal define al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, de modo que el castigo es el mismo si se interrumpe embarazo el primer día o el último.

También insistió en que la reforma de Barbosa Huerta al artículo 294 del Código Civil, que mantiene el matrimonio como la unión exclusiva entre hombre y mujer, es discriminatoria y atenta contra los derechos humanos, además de que incumple con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y continúa buscando promover una acción de inconstitucionalidad para revertirla.