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Al margen de la ley, 84 bases que entregó Banck, concluye contralor
La entrega de 84 bases laborales en la recta final de la administración del exalcalde Luis Bank Serrato se realizó de manera irregular, concluyó la Contraloría Municipal en la investigación que realizó sobre este caso.
El informe ya fue entregado a la Secretaría de Administración municipal y será analizado en la siguiente sesión de Cabildo a celebrarse el próximo martes.
De acuerdo con el contralor Mario David Riveroll Vázquez, estará en manos de los regidores decidir si se inician o no procedimientos administrativos en contra de los funcionarios involucrados en la entrega irregular de esos beneficios laborales.
Fue el 5 de octubre de 2018, en la víspera del cierre de su gestión, cuando los entonces regidores del ayuntamiento capitalino aprobaron la entrega de 84 nuevas bases laborales para igual número de empleados de la administración municipal.
Sin embargo la medida fue cuestionada porque los beneficiarios tenían una corta antigüedad en el ayuntamiento, además eran cercanos a funcionarios o regidores en funciones.
Informe se llevará al Cabildo
Cuestionado sobre el tema, este lunes el contralor indicó que sí encontró procedimientos al margen de la ley en la entrega de las plazas laborales, aunque subrayó que no es posible ofrecer más detalles de las irregularidades hasta que no sean discutidas por el Cabildo.
El funcionario explicó que el informe ya fue enviado a la Secretaría de Administración, que será la encargada de presentarlo a los regidores en la próxima sesión que lleven a cabo. Ahí, deberán discutir los pormenores y decidir si se fincan sanciones.
“Evalúa Secad y toda la cancha y todo esto y sobre este tema, el único autorizado para informar es el secretario Leobardo –Rodríguez Juárez-. Si le quieren preguntar a él, a lo mejor les dice más de lo que yo no puedo”, comentó.
En caso de que los regidores decidan iniciar procedimientos sancionatorios, la Contraloría acatará las disposiciones, según refirió Riveroll Vázquez.
Las sanciones a los que podrían hacerse acreedores los exfuncionarios que realizaron el proceso administrativo, podrían ser desde multas o hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La mayoría de las personas que fueron beneficiadas con las plazas laboran en la Coordinación de Regidores, pues esta área sumó 20 casos, mientras que la Secretaría de Administración tiene 12.