El diputado local del distrito 19 de Puebla, Héctor Alonso Granados, fue denunciado ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por violencia política y violencia de género contra sus compañeras.

Las quejas contra el exvicepresidente de la Mesa Directiva se formalizaron entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes por las diputadas Rocío García Olmedo (del PRI) y Vianey García Romero (de Morena).

Ellas acusan una serie de agresiones verbales por parte del exlegislador de Nueva Alianza (NA), recién expulsado de la bancada morenista.

Las querellas enlistan las intervenciones de Alonso Granados en las sesiones ordinarias del pleno realizadas el 13 de marzo, así como el 20 y 27 de mayo.

En la primera, García Romero denunció discriminación por parte del diputado que la acusó de que “no sabe de Derecho ni entiende de leyes” por ser licenciada en “comunicaciones”.

Sobre la primera sesión de mayo señalan que Alonso calificó como “mojigatería” que impulsaran la reforma para prohibir la instalación de anuncios sexistas en la vía pública.

En lo que hace a la segunda señalan que el legislador descalificó la iniciativa para despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación e intentó bloquear su admisión.

Finalmente, García Olmedo y García Romero coinciden en acusar a Alonso Granados por sus declaraciones en un programa transmitido por internet el 31 de mayo, donde exigió a las mujeres “pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar” en lugar de pugnar por el derecho al aborto.

Denuncian violencia política de género

Las denuncias presentadas en el IEE son por violencia política de género y solicitan al organismo iniciar un proceso especial sancionador.

De acuerdo con la Guía para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, en 24 horas el IEE determinará si es necesario aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas.

Tras decidirlo, reunirá las pruebas y alegatos de ambas partes para armar expedientes, que posteriormente enviará al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

La autoridad jurisdiccional acreditará la comisión de las agresiones y, de ser así, impondrá las sanciones que considere, que podrían ser una amonestación pública o una multa.

También queja en CDH

En lo que respecta a la CDH, la queja es por violencia de género y discriminación, así que deberá iniciar las investigaciones para determinar si estos los hechos acreditan alguna violación a los derechos humanos.

Si es el caso, emitirá una recomendación dirigida al Congreso del estado, al legislador señalado y al partido en el que milita para instruirlos a emprender las acciones necesarias que considere para resarcir el daño y evitar que la conducta denunciada se repita.

Como pruebas de sus acusaciones, las diputadas incluyeron en sus quejas las versiones estenográficas de las sesiones, los hipervínculos a las transmisiones en internet y discos compactos con las grabaciones de las declaraciones de Alonso Granados.

Los dichos del legislador derivaron en su expulsión del grupo parlamentario de Morena, su destitución de la Mesa Directiva y en el inicio de un procedimiento sancionador en el Órgano Interno de Control del Congreso para que quede fuera de las comisiones legislativas en las que participa.

José Juan Espinosa Torres también fue destituido de la presidencia de la mesa y enfrenta un proceso de expulsión de comisiones por supuesta violencia política y de género pero, a diferencia de Alonso Granados, no ha sido denunciado en el IEE ni en la CDH.

Foto Agencia Enfoque