Mientras el poder Ejecutivo tiene un recorte de 4 mil 414 millones de pesos en la Ley de Egresos 2019 que afecta a las Secretarías de Educación Pública (SEP), Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) y Desarrollo Social (Sedeso), las áreas de Finanzas y Administración (SFA), Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), así como Cultura y Turismo son beneficiadas con incrementos que van del 43.6 al 77 por ciento en comparación con sus recursos aprobados en 2018.

El proyecto que el Ejecutivo envió este lunes al Congreso propone un gasto de 89 mil 821 millones 322 mil 278 pesos, cifra que representa un incremento de 4.58 por ciento en referencia a los 85 mil 881 millones 806 mil 829 pesos aprobados para este año.

Los descalabros presupuestales

En la propuesta del gobernador destacan las bajas para la Sedeso por 49.9 por ciento al pasar de mil 263.6 millones a 632.8 millones de pesos para 2019; para la SIMT por 39.4 por ciento en referencia a los 7 mil 700.5 millones de 2018 a 4 mil 663.7 millones para el año entrante.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) también reporta una disminución que ronda el 14.3 por ciento, al establecerse una partida por 30 mil 780 millones, mientras que en 2018 se le etiquetaron 35 mil 912.2 millones de pesos.

La oficina de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) pasaría de 680.4 a 575 millones de pesos, una baja de 105.4 millones de pesos (15.5 por ciento); a la Contraloría se le asignan 138.9 millones de pesos mientras que en 2018 contó con 153.8 millones, una diferencia de 13.9 millones (9 por ciento).

Los ganones del año entrante

En contraste, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) es la más beneficiada con un 77 por ciento de aumento al proponer 6 mil 692.7 millones en referencia a los 3 mil 778.2 millones de 2018.

Con ese mismo comportamiento se encuentran Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico con el 71.2 por ciento de aumento, al pasar de 324.8 a 556.2 millones de pesos; Cultura y Turismo por 43.6 por ciento con recursos que irían de 277.1 a 397.9 millones de pesos.

Al igual que esas tres dependencias, la Secretaría General de Gobierno (SGG), la oficina del ejecutivo del Estado y Seguridad Pública (SSP) cuentan con propuestas que permitirían aumentos de 14.9, 8.4 y 4.2 por ciento, respectivamente.

En el caso de la SGG, responsable de la política interna del estado, se propone la entrega de 472.3 millones de pesos, pero este año obtuvo 411.3 millones de pesos; la oficina del gobernador pasaría de 43.8 a 47.5 millones de pesos; y la SSP de 2 mil 305 a 2 mil 402 millones de pesos.

Con ese mismo comportamiento se encuentran la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP).

De los organismos autónomos referidos, a la FGE se propone entregarle 21 por ciento más de recursos con una partida por mil 82 millones de pesos, pero en 2018 dispuso de 892.9 millones de pesos.

El ITAIP contaría con 5.9 millones de pesos más para 2019 al proyectar un presupuesto por 22.5 millones de pesos en relación a los 16.6 millones de pesos considerados en la Ley de Egresos 2018.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), instancia que el pasado 10 de octubre ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo (PAN) a la gubernatura, reporta un aumento al proponer que su financiamiento llegue a 23.7 millones de pesos, 32 por ciento más en relación con los 17.9 millones de pesos de este año.

Sobresale que la ampliación para el TEEP se da pese a que 2019 no es un año electoral, aunque están firmes cinco procesos electorales extraordinarios municipales y está por resolverse la impugnación para la gubernatura.

Batean presupuestos de Congreso e IEE

El gobierno de Antonio Gali Fayad negó al Congreso del Estado contar con un presupuesto de 190 millones de pesos para 2019, propuesta respaldada por Morena, Encuentro Social y PT.

De acuerdo con el proyecto de Ley de Egresos 2019, el cual va por 89 mil 821 millones 322 mil 278 pesos, el Ejecutivo propone que el poder legislativo cuente con 149 millones 844 mil 698 pesos, recursos que le fueron etiquetados para este año.

El incremento en los recursos solicitados para el legislativo lo defendieron previamente Gabriel Biestro Medinilla y José Juan Espinosa Torres, coordinadores de las bancadas de Morena y PT.

En octubre, ambos legisladores afirmaron en la tribuna que el solicitar 190 millones de pesos evitaría que el Congreso operará bajo control del Ejecutivo tal como sucedió con la LIX Legislatura, la cual fue condicionada a través de ampliaciones presupuestales que le permitieron ejercer más recursos de los etiquetados en los presupuestos de años anteriores.

En contraste, mientras el proyecto de Gali Fayad no considera un aumento para el legislativo, mantiene 154 millones 376 mil 219 pesos para la Auditoría Superior del Estado (ASE), esto pese a que la propuesta avalada a finales de octubre por el pleno fue de 140 millones de pesos, una baja en 14.3 millones de pesos.

La reducción -justificaron los legisladores-, se sustentó en los “gastos superfluos” hechos por el auditor David Villanueva Lomelí como compra de equipo de cómputo por 3.5 millones de pesos; 1.5 millones de pesos en automóviles; 11 millones de pesos en mobiliario; 5.4 millones de pesos en renta de edificios; 2.9 millones de pesos en consumo de gasolina; 3.8 millones de pesos en alimentos; 4.9 millones de pesos por el servicio de asesores; y 5.4 millones de pesos en impresión de libros.

En tanto, el Instituto Electoral del Estado (IEE) tampoco logró que el Ejecutivo le asignara 320 millones de pesos, propuesta que en septiembre pasado fue aprobada por el Consejo General.

La cantidad propuesta por el gobierno para el órgano electoral va por 296 millones 523 mil 432 pesos, una baja de 23 millones 475 mil 568 pesos.

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