Programas sociales estatales que no se ubicaron en la Cuenta Pública local, falta de reportes de su presupuesto aprobado, del padrón de beneficiarios y sus reglas de operación, detectó en Puebla la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a través de su estudio Democracia sin Pobreza 2018.

La investigación se realizó durante el proceso electoral de 2018 y tiene como objetivo evidenciar que en el contexto de elecciones el uso de programas sociales para incidir en el resultado es inútil, además de inmoral e ilegal.

Estudio en estados con mayor pobreza

El reporte establece que se aplicó el monitoreo en los estados con mayor pobreza, entre los que destacan Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz y el Estado de México. 

En el caso de Puebla, la organización detectó que 23 de 26 programas sociales estatales (88.46 por ciento) no se ubicaron la Cuenta Pública local , aunque no se detalló el nombre de éstos.

Asimismo, 22 programas (84.61 por ciento) no reportan de cuánto fue su presupuesto aprobado, en tanto que 17 (65.38 por ciento) no develaron su padrón de beneficiaros y 16 (61.53 por ciento) no tuvieron reglas de operación.

El estado en situación de pobreza peor evaluado fue Chiapas, donde ningún programa se ubicó en su cuenta pública, y además se ignora su presupuesto, su padrón de beneficiarios y reglas de operación.

Programas susceptibles de clientelismo

El estudio también destacó que los programas sociales con deficiencias son susceptibles de clientelismo en procesos electorales, como el que se registró en 2018. 

Se estima que los gobernantes tienen promotores locales, a su vez relacionados con los partidos políticos, que hacen visitas domiciliarias a los beneficiarios a quienes amenazan con excluirlos del programa si no favorecen a algún partido instituto político. 

También se hace la entrega de un bien o servicio o la promesa de incorporación a un programa social a cambio del voto, abstención, la asistencia a un mitin o entrega de credencial para votar.

Foto / Agencia Enfoque