Un total de 119 elementos, entre ellos el comisario y el director de la policía municipal fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía General del Estado tras la limpia realizada este miércoles en San Martín Texmelucan, donde ahora la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene las riendas de la vigilancia por decreto constitucional.

De acuerdo con las cifras preliminares, hasta las 19:00 horas de hoy habían sido puestos a disposición del Ministerio Público 113 uniformados sólo por el delito de usurpación de funciones, derivado de irregularidades en su Clave Única de Identificación Policial (CUIP).

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Asimismo se puso a disposición a cuatro policías, al comisario de seguridad pública Miguel Ángel Jacinto Fragoso, y al director de la policía Sinué Jerónimo León Sánchez, acusados de cobrar entre 3 mil y 5 mil pesos a los policías para eludir los controles de confianza.

Según adelantaron las autoridades, la cifra de detenidos podría incrementar en las próximas horas, pues en total fueron practicadas pruebas de control de confianza a 185 personas que conformaban la corporación encargada de la seguridad en Texmelucan.

Cae operativo sorpresa

El operativo inició al filo de las 7:00 horas cuando el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales Rodríguez, llegó acompañado de la Policía Estatal, el Ejército y la Policía Federal, para dar cumplimiento al decreto constitucional por el cual tomaban las riendas de la seguridad pública.

De inmediato, 185 elementos de la Policía Municipal de Texmelucan fueron desarmados y desacreditados para poder ser trasladados en camiones de la SSP hasta la Academia Policial Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Puebla, donde se les practicarían exámenes de control de confianza.

Un notario público se encargó de inventariar las armas de cada uno de los elementos, para después realizar la respectiva inspección de su documentación y que las mismas estuvieran dentro de los registros de armamento de la SSP.

Junto con los elementos de a pie, fueron trasladados el comisario de seguridad pública Miguel Ángel Jacinto Fragoso, así como el director de la policía Sinué Jerónimo León Sánchez.

Según manifestó la SSP, en caso de que los elementos no acreditaran las pruebas o se detectara alguna anomalía en su Clave Unidad de Identificación Policial (CUIP), se procedería no solo a su baja, sino a su puesta a disposición para iniciarles una investigación.

Todos los funcionarios pueden ser investigados: Gali

En rueda de prensa para dar los detalles del decreto por estado de urgencia en San Martín Texmelucan, el gobernador Antonio Gali Fayad informó que no solo el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez puede ser investigado, sino cualquier funcionario de San Martín Texmelucan.

“Todo aquel funcionario que se presuma está coludido, será sometido a investigación para llegar a las últimas consecuencias”, señaló el mandatario y agregó que no se descarta ninguna línea de investigación en torno a la ola de violencia en esa región. 

Por su parte, el edil Núñez Ramírez aseguró que no metería las manos al fuego por ningún uniformado, con excepción de su director y su comisario de seguridad pública, a quienes la reiteró toda su confianza ante la intervención del Estado, sin saber qué horas más tarde serían detenidos.

“Yo confió pero no meto las manos al fuego por ninguno, cada quien es responsable de sus actos. Si se refieren a mi comisario y mi director de policía, no tengo ningún motivo para dudar de ellos, de los demás no sabemos”, sostuvo.

Investigan apagones en cámaras

Según adelantó tanto el gobernador Antonio Gali como el secretario Jesús Morales, se está investigando la omisión o colusión de las autoridades de Texmelucan en presuntas fallas que se han detectado en el sistema de videovigilancia con la que cuenta el municipio.

Indicaron que ante el hallazgo de nueve cuerpos desmembrados, acompañados de mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en las inmediaciones cada sitio no se pudo obtener grabaciones para identificar a los responsables.

Por ese motivo, no se descarta que las cámaras hayan sido saboteadas o, en su caso, la propia policía las haya apagado para evitar captar a los responsables.

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