La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla puso bajo reserva la información de 237 contratos, informes de gastos, licitaciones y averiguaciones previas (AP) o carpetas de investigación (CDI) de homicidios, secuestros y casos políticos sin resolver.

Entre estos archivos se encuentra la investigación por el millonario robo en la bóveda de indicios de la dependencia, casos de feminicidios, asesinatos de priístas, de agentes ministeriales, la compra de drones y contratos por seguridad particular del titular de la FGE.

Los expedientes se encuentran reservados al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por un lapso de 5 años, por lo que podrán ser consultados de forma gradual a partir de junio del 2021 y hasta octubre del 2022, meses antes de que fenezca el nombramiento del fiscal Víctor Carrancá Bourget, en enero del 2023.

Robo en la bóveda y caso Mara, en reserva

De acuerdo con el listado de expedientes clasificados como reservados entre el 2016 y 2017 de la Fiscalía, existen 173 averiguaciones y carpetas de investigación protegidas para impedir su solicitud a través de Transparencia.

Si bien de estas 164 fueron iniciadas por la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) –ahora Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI)–, justificando su secrecía al ser en su mayoría casos de secuestro, existen expedientes privados por delitos diversos.

Entre estos destaca la carpeta de investigación 144/2017/FISDAI, iniciada por el robo de 4.8 millones de pesos en efectivo a la propia Fiscalía, que presuntamente fue cometido por el encargado de la bóveda, Nahur H..

Dicho expediente fue clasificado como reservado desde el 11 de octubre del año pasado y perderá esa clasificación hasta el 6 de octubre del 2022. Actualmente Nahur está preso por el delito de peculado, siendo el único empleado de la FGE que enfrentó cargos por este desfalco.
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Otro expediente que seguirá en reserva aún cuando ya haya concluido el procedimiento penal contra el probable responsable, es el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, radicado en la CDI 14652/2017/ZC, teniendo clasificación privada hasta octubre del 2022.

Otras carpetas por homicidio que tienen la misma clasificación es el 15309/2017/ZC, iniciada por la doble ejecución en el bar Remolqueland de Huexotitla, donde si bien hay un detenido por el caso, aún siguen pendientes las aprehensiones del autor intelectual y dos autores materiales.

El 3 de julio de 2017, la Fiscalía le dio la misma clasificación a la AP 1768/204/AESEX, la cual contiene las investigaciones por el maltrato, abuso y explotación de 33 jóvenes en una casa hogar de la colonia 20 de Noviembre de la ciudad de Puebla, ventilado en mayo del 2014.
 

Homicidios con tintes políticos clasificados
Entre los casos privados hasta el 2021, aparecen las averiguaciones previas 381/2015/LIBRES y 193/2015/CHIGNAHUAPAN, referentes a los asesinatos del operador priísta Pablo García Orozco; y José Salvador Méndez Morales, regidor priísta del municipio de Chignahuapan.
Aunque en este último la FGE aseguró que el caso no correspondía a su participación política sino a problemas personales, hasta la fecha no ha presentado a ningún probable responsable.
Igual sin detenidos se encuentra la investigación por el asesinato de García Orozco, aunque destaca que él fue privado de la vida en plena jornada electoral del 7 de junio de 2015.

Esconden casos de tortura e incomunicación
La lista continúa con las carpetas 294, 295 y 296/2017/UF1-04, iniciadas por la detención de tres pobladores de Atzizintla durante el llamado Operativo Encrucijada en marzo de 2017, el cual se realizó tras la ejecución de tres agentes de la FISDAI a manos del crimen organizado.
Según expedientes públicos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en esas tres carpetas de investigación se promovieron amparos ante la justicia federal, los cuales fueron otorgados permitiendo la liberación de los encausados, tras acreditar que habían estado incomunicados, habían sido torturados y detenidos ilegalmente.
Por dicho operativo, se mantiene un proceso legal en contra del ahora ex edil de Atzizintla, José Isaías Velázquez Reyes, quien está preso en el penal de Tepexi de Rodríguez por supuestos vínculos con el cartel de Los Zetas.
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Gastos en seguridad, viáticos y congresos son privados

En el ámbito administrativo, la Fiscalía decidió argumentar que por “auditoría” debían de reservarse hasta junio del 2021 y octubre del 2022, dos contratos de prestación de servicios celebrados con la empresa Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V. (CREA).

Fuentes en la dependencia explicaron que estos corresponden a la organización de congresos y cursos impartidos o auspiciados por la Fiscalía, sin embargo no se dieron más detalles al respecto.

Del mismo modo aparecen dos contratos bajo el nombre de “archivos administrativos de asignación de seguridad personal”, reservados bajo el argumento de “poner en riesgo la vida o la salud de un persona física”.
Dichos documentos, según se sabe, no solo contienen los nombres de las personas asignadas a la seguridad personal del fiscal General Víctor Carrancá y demás titulares de área, sino que además detalla los gastos generados por dicho servicio.

En tanto que por “comprometer la seguridad y capacidades de respuesta”, la Oficialía Mayor de la FGE clasificó como privado el expediente de adquisición de aeronaves no tripuladas (drones), el cual no será público sino hasta el 22 de marzo del 2022.