Después de tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por concluida la recomendación que dirigió en 2014 al gobierno del estado de Puebla, por el asesinato de un niño y las agresiones que sufrieron pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, durante un enfrentamiento con la policía estatal en julio de ese año.

Sin embargo, para los afectados el caso aún no está cerrado y acusaron que el organismo pasó por alto una evaluación encargada por ellos mismos, por lo que ya recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que analice el expediente.

Hasta julio pasado, esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos aún estaba en trámite por pendientes en la atención de protestas sociales, la entrega de equipos de videograbación a los elementos de Seguridad Pública, la presentación de quejas en contra de los funcionarios involucrados y a la creación de un programa de derechos humanos para los agentes estatales. 

A la fecha, el gobierno de Puebla mantiene sin cumplir otras cinco recomendaciones, las cuales fueron emitidas por casos que ocurrieron durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle, según se aprecia en el informe anual de la CNDH presentado este miércoles.

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La CNDH fue omisa en el caso: afectados

Personal del área de seguimiento a las recomendaciones que emite la CNDH confirmó, vía telefónica a e-consulta, que el expediente 214/2VG tiene el estatus de concluido, una vez que la administración estatal acreditó el cumplimiento total de los 11 puntos que abarcaba.

Sobre el tema, Hilario Gallegos Gómez, quien es representante de los pobladores afectados, indicó que para ellos, la CNDH fue omisa en tomar en cuenta su evaluación del caso, además de que a la fecha no hay algún funcionario estatal sancionado por el ataque que sufrieron, pero sobre todo por el homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue golpeado con una lata de gas lacrimógeno durante el enfrentamiento.

Detalló que la madre del menor asesinado, Elia Tamayo Montes, fue engañada para que firmara un documento en el que otorgaba su perdón al gobierno de Puebla.

Ese hecho, dijo, fue utilizado por la administración estatal para acreditar ante la CNDH el cumplimiento de ese punto, pero en realidad, se trató de un engaño.

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Por otra parte, comentó que aunque la Secretaría General de Gobierno (SGG) dio por cumplida la disculpa pública que la Comisión solicitó para los pobladores, éstos la rechazaron, por lo que tampoco puede darse por concluido este otro punto de la recomendación.

Respecto a la indemnización para Elia Tamayo, reconoció que la afectada sí cobró el dinero, debido a que era necesario pagar la fianza que las autoridades establecieron para que el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue aprehendido tras el enfrentamiento, pudiera recobrar su libertad.

Ante esta situación, Gallegos mencionó que en septiembre pasado presentaron el caso ante la CIDH, en donde esperan tener una respuesta a su exigencia de justicia.

Pendientes otras 5 recomendaciones 

El gobierno del estado tiene pendiente el cumplimiento de otras cinco recomendaciones, las cuales tienen que ver con los siguientes casos: la contaminación del Río Atoyac y el linchamiento de dos jóvenes en el municipio de Ajalpan, ambas fueron emitidas en 2017, aunque los hechos fueron previos a ese año.

Así como la falta de atención médica a una mujer indígena embarazada en Pahuatlán y la muerte de un recién nacido en un hospital de Cuetzalan, las cuales datan de 2016, además del fallecimiento de un joven a manos de policías ministeriales y federales, quienes lo torturaron después de acusarlo del robo de un tractocamión, la cual fue emitida en 2013.