A finales de 2012, el Estado de Puebla creó un mecanismo para que los recursos que provienen del impuesto sobre nómina sean extraídos de las arcas estatales y enviados al patrimonio de un fideicomiso privado, conocido como F/0144. Dicha afectación se hizo de manera irrevocable e indefinida por, al menos, 50 años. Dicho Fideicomiso es administrado por la empresa Evercore, de la cual fungía como accionista el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción expuso este lunes que podría pensarse que dicho mecanismo es inofensivo, sin embargo, el Gobierno de Rafael Moreno Valle y el ahora Gobernador Gali se han abstenido de rendir cuentas bajo el argumento de que el fideicomiso al cual se afectaron los recursos públicos es privado y que, por lo tanto, no son aplicables frente a los ciudadanos los principios y controles de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Asimismo, el mecanismo implementado no permite que el Congreso determine la mejor manera de gastar dichos recursos, por lo que se deja esa esencial labor al arbitrio del Gobernador. La ausencia de dichos controles genera opacidad y puede dar pie a actos de corrupción.

Asimismo, al enviarse al fideicomiso el impuesto sobre nómina con el propósito de financiar todo tipo de proyectos de infraestructura a un sinnúmero de proveedores indeterminados se constituye un mecanismo de deuda, pues se afectan recursos públicos con la finalidad de solventar el pago de una amplia gama de proyectos, por lo que el estado de Puebla y sus ciudadanos resultan en realidad deudores frente a los distintos proveedores designados como fideicomisarios.

Al detectar dicha cuestión, en mayo de 2016, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad emprendió un litigio estratégico junto con la empresa Naral del Centro, contribuyente del impuesto sobre nómina, a fin de lograr que el Poder Judicial de la Federación se pronuncie acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mecanismo implementado por Rafael Moreno Valle, mismo que será resuelto en sesión pública este miércoles 13 de diciembre a las 10:30 horas.

El tema más relevante de lo que dependerá que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla realice un pronunciamiento de fondo, es si una empresa contribuyente del impuesto sobre nómina tiene interés legítimo respecto al manejo de dichos recursos. Es decir, el Poder Judicial de la Federación se pronunciará acerca de si un contribuyente tiene derecho a conocer, a través del juicio de amparo, si es constitucional la forma en la que se implementan los impuestos que aporta al Estado.

“En caso de que los Magistrados determinen que una empresa poblana, contribuyente del impuesto sobre nómina, no tuviera interés legítimo para solicitar que se revise la constitucionalidad de un fideicomiso como el implementado por Rafael Moreno Valle, entonces, ¿quién podría hacerlo?”, cuestiona la organización.

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