El Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y La Casa de los Derechos de Periodistas, protestamos de manera enérgica por los hechos recientes en donde células del crimen organizado han lanzado amenazas de muerte contra compañeros periodistas de la región del Triángulo Rojo.

Frente a los hechos más recientes, en donde grupos del crimen organizado, dedicados a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, fueron sometidos por la autoridad federal en un operativo que desarticuló la red criminal, los periodistas de la zona del Triángulo Rojo se han vuelto el blanco de amenazas de muerte por parte de las células que aún quedan activas.

En una serie de amenazas vertidas contra periodistas, en donde las células criminales manifestaron su intención de pagar hasta diez mil pesos por “la cabeza de los periodistas que se atrevan a seguir informando” sobre los operativos que ha lanzado la federación contra los llamados “huachicoleros” en esta zona de la entidad.

La amenaza vertida en forma directa contra varios comunicadores, también explicó que se pagaría hasta “15 mil pesos por cabeza de reportero” que siguiera informando sobre “la central de abastos de Huixcolotla y Zozutla”, en donde la presencia del crimen organizado mantiene el control de actividades económicas que van desde la venta de autos hasta la venta de combustible.

La amenaza que se generalizó en las últimas horas, aun cuando fue lanzada contra todos los comunicadores, fue dirigida inicialmente a los corresponsales de Televisa y El Sol de Puebla, medios que le han dado puntual seguimiento a los temas de inseguridad que se viven en esa parte del estado.

Por esa razón, exigimos al Gobierno del Estado de Puebla que garantice la salvaguarda de los corresponsales que realizan la cobertura de la nota policiaca en el triángulo rojo. No podemos permitir que la región se convierta en una zona de silencio.

Por lo anterior, exigimos que el Gobierno de Antonio Gali Fayad, con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en concordancia con el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Mecanismos Federal de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especialidad en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, brinde las garantías necesarias y proteja a los comunicadores, para llevar a cabo su labor de libre ejercicio periodístico.

Urge que el Congreso del Estado de Puebla tipifique claramente, en el marco jurídico del Estado, los delitos cometidos en contra de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a fin de que se ayude a la protección de la libertad de expresión en Puebla, mediante un contexto legal de transparencia, certeza y certidumbre.