- Sociedad
Promueven una nueva ley de agua y convocan a foro constituyente
La Asamblea Social del Agua (ASA) convocó a la creación de “una verdadera ley que garantice el derecho humano al agua y que sustituya a la legislación vigente, para lo que convoca a un Foro de la Constitución del Agua para el próximo viernes 24 de marzo.
Según los integrantes de ASA, con “los saberes y experiencia en torno agua de parte de académicos, juristas y ciudadanos comprometidos con la preservación del agua podremos integrar un documento normativo que además de inspirar confianza a la población, preserve la cultura de aquellos que han respetado el valioso líquido, tanto como incorporar los elementos que le aseguren al ciudadano su distribución saludable, gratuita y suficiente como lo mandatan los tratados internacionales”.
En rueda de prensa aseguraron que una ley de agua debe permitir la regeneración y preservación de los acuíferos, así como su justa distribución, según tratados internacionales, haciendo explicito que es un derecho humano y que debe ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
María Eugenia Ochoa y José Luis García Bello insistieron que su organización ha exigido repetidamente la abrogación de la Ley del Agua para el Estado de Puebla emitida en 2013, cuyo contenido permitió la privatización bajo la figura de “concesión”, en la capital poblana.
“Esta legislación abrió la puerta para poder llevar esta privatización al resto de los municipios del Estado, situación que reforzó la iniciativa del gobernador Gali Fayad que lo único que hace es reforzarlo, señalaron.
Además condenaron “los manejos extralegales” en que autoridades han incurrido para dar aval a la legislación vigente, como la aparición de actas de sesiones de Cabildo que nunca ocurrieron
“Ante las violaciones graves al orden jurídico, la ASA manifiesta su más amplio repudio a manejos extralegales y urge a las autoridades estatales y federales a resolver de manera transparente y dentro del marco legal que nos rige, estas controversias que afectan la certeza jurídica de los gobernados”.