Accionistas de la línea 1 del Metrobús de Puebla aseguraron que el derrotero no puede ser concesionado a una empresa, debido a que ganaron un nuevo amparo para que sean reconocidos por el gobierno del estado como los titulares del mismo.

Juan Cervantes Hernández, representante de 150 concesionarios que en junio de 2014 fueron desconocidos por el gobierno del estado como titulares de la primera línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), indicó que hasta ahora les adeudan 40 millones de pesos de recaudo.

El secretario de Infraestructura y Transportes, Diego Corona Cremean, confirmó este lunes que la administración estatal analiza vender la línea 1 de la RUTA, mejor conocido como Metrobús, a fin de mejorar el servicio.

Hasta ahora la empresa Corredor Insurgentes S.A. que en la Ciudad de México opera el Metrobús, ha levantado la mano para adquirir el derrotero e incluso inició la contratación de personal en Puebla.

Concesionarios ganan nuevo amparo

Cervantes Hernández explicó este martes durante una entrevista que los concesionarios que fueron desconocidos por el gobierno del estado como administradores de la línea 1, ganaron un nuevo amparo para que retomen la operación de ese sistema de transporte.

Explicó que las autoridades penales otorgaron un plazo de tres días a Carreteras de Cuota Puebla (CCP) para entregarles la toma de nota, pero la titular del organismo, Mariana Navarrete Little, hizo caso omiso al emplazamiento.

El afectado consideró que la intención de la funcionaria estatal es alargar el proceso legal hasta que la línea esté en manos de particulares. Por otra parte, CCP aún puede impugnar el amparo, recurso que tardaría en resolverse otros tres meses, aproximadamente.

Sin embargo, indicó que mantendrán el litigio hasta que sean nuevamente reconocidos como accionistas del derrotero.

Es necesario recordar que para administrar la primera línea de la RUTA, el gobierno del estado aglutinó a concesionarios del transporte público en una sociedad denominada Servicios Articulados de Puebla (SAPI), pero los permisionarios incurrieron en acusaciones de desfalco y el gobierno del estado les retiró la administración del corredor y lo puso a cargo de CCP.

Cervantes indicó que mientras el problema jurídico se mantenga, no es posible concesionar el sistema de transporte, al tiempo que descalificó esa estrategia para mejorar el servicio.

Quienes sí podrían rescatar el derrotero serían los propios concesionarios, explicó, sin embargo, consideró que la administración estatal no desea darles la administración del mismo debido a que tienen temor a transparentar el estado financiero en el que este se encuentra.