La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla debe indemnizar a la familia de Issac “S”, quien fue alumno de la secundaria general federal Jesús Romero Flores, turno vespertino, ubicada en Camino Real a San Felipe, y murió acuchillado por su compañeroGregorio “N” como parte de una disputa por una novia al interior del plantel.

Así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a través de la recomendación 5/2016 dirigida a la dependencia estatal.

Fue el pasado 28 de enero de 2015 cuando Gregorio “N”, entonces menor de 14 años de edad, atacó con un arma blanca a su compañero Isaac “S” en la también conocida como “Federal 5”. La víctima sufrió una lesión en uno de los costados, abajo de las costillas, y fue llevado Hospital del ISSSTE ubicado en la zona de la CAPU .

Tras la muerte del estudiante, padres de familia acudieron a la escuela, ubicada en la junta auxiliar San Felipe Hueyotlipan, para exigir la destitución del entonces director, Alfonso Villaverde Mesa, a quien acusaron de que no estaba al pendiente de los estudiantes.

El presunto menor homicida, Gregorio “N” quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes.

De acuerdo con estudiantes de la escuela, el ataque se presentó contra Isaac, ya que presuntamente Gregorio intentaba quedarse con su novia, quien también cursaba el segundo grado de secundaria.

Ante el caso, la CDH Puebla abrió expediente de queja 932/2015 y tras las investigaciones realizadas, se acreditaron violaciones de los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, legalidad, y derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La comisión estatal observó que el menor agredido se encontraba bajo el cuidado y resguardo de las autoridades escolares y fue lesionado con un instrumento punzocortante que ocasionó una herida penetrante en el tórax con lesión en el corazón.

“Si bien las autoridades escolares realizaron acciones inmediatas para brindar los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital, horas más tarde falleció a consecuencia de la lesión”.

Sólo dos personas vigilaban a mil 145 estudiantes

Como parte de las investigaciones, el órgano constató que sólo un prefecto y la educadora comisionada estaban vigilando el turno vespertino de la escuela que en ese tiempo contaba con mil 145 estudiantes.

“Los familiares del menor fallecido recibieron malos tratos por parte de los directivos escolares, quienes omitieron brindarles una explicación inmediata y clara de lo ocurrido, también se encontró que la institución educativa tenía antecedentes de hechos violentos en agravio de alumnos, incluso algunos de ellos derivaron en averiguaciones previas y pese a ello, no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de los educandos”, destacó la CDH Puebla.

La recomendación

Ante el caso, la CDH Puebla realizó una recomendación que consta de seis fases: en primer lugar, se solicitó otorgar a los familiares directos del menor fallecido, una compensación económica, por las pérdidas materiales que han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos; además, se solicita proporcionar a los familiares directos del menor agraviado, la atención psicológica que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos.

La CDH Puebla pidió a la SEP realizar un plan de seguridad, que garantice a los alumnos de la escuela secundaria general federal número 5 Jesús Romero Flores, gozar de un ambiente seguro y libre de violencia, dentro y fuera de la escuela.

De forma adicional, se pidió constituir de manera inmediata la Brigada de Seguridad Escolar de la escuela secundaria, así como el Comité de Protección Civil y Seguridad de la institución.

Como quinto punto, la CDH Puebla pidió colaborar en el trámite de la queja que se presente ante la Delegación de la Contraloría en el sector Educativo, en contra de los responsables, lo anterior independientemente de si dichos servidores públicos continúan o no, laborando en la institución.

Por último, se pidió a la SEP coadyuvar con el ministerio público aportando las evidencias con las que cuente, para la debida integración de la averiguación previa.