El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., de la Universidad Iberoamericana Puebla, llamó a autoridades a adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento total a la Recomendación 2VG/2014 emitida por  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el “Caso Chalchihuapan”.

En un pronunciamiento emitido ayer sobre el incumplimiento de recomendaciones, el IDHIE consideró que esta omisión de parte del gobierno del estado emite un mensaje de impunidad a las violaciones a derechos humanos, a su tolerancia, perpetuación y repetición.

Señaló que la aceptación de la recomendación constituye per se una manifestación del consentimiento en obligarse a su cumplimiento y que hasta el momento no ha existido, y que el cumplimiento parcial es una simulación de la consolidación de un estado democrático sustentado en la cultura de respeto a los derechos humanos.

En el documento, el IDHIE manifestó su preocupación ante los requerimientos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno para que den cumplimiento a las recomendaciones en trámite.

Entre estas se ubica el cumplimiento parcial de la Recomendación Número 2VG/2014, emitida el 11 de septiembre de 2014 por las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas el 9 de julio del mismo año en San Bernardino Chalchihuapan, del Municipio de Ocoyucan, Puebla, por el desalojo violento que derivó en la privación de la vida del menor de edad José Luis Tlehuatle Tamayo.

Con fecha 8 de junio del presente año, el Presidente de la CNDH presentó el “Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales”, del que destaca que a la fecha de corte del informe (15 de marzo de 2016), de los once puntos recomendados sólo seis han sido cumplidos totalmente, ubicándose los cinco puntos siguientes en estatus de cumplimiento parcial: la creación de una ­fiscalía especial de investigación de los hechos ocurridos que garantice el acceso a la justicia para las víctimas, familiares y los policías lesionados; la reparación integral de los daños a las víctimas y sus familiares; el ofrecimiento de una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares; el procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos; y la averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de los servidores involucrados.

El IDHIE hizo eco del señalamiento de Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH sobre que “el incumplimiento de la recomendación constituye, por sí mismo, una nueva violación a los derechos humanos; revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones, e incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita nuestro Estado de derecho”.