Su cifra negra de delitos, el bajo porcentaje de sentencias y el rezago en infraestructura y personal para la procuración de justicia, colocaron a Puebla por arriba de la media nacional de impunidad, según  Índice Global de Impunidad (IGI)-México, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

El estado obtuvo una calificación de 69.19, 1.77 puntos por  arriba del promedio nacional, de 67.42, en una escala del uno al 100. Los resultados totales ubicaron a Puebla en el grupo de estados con una impunidad alta.

Cifra negra fue de 93. 2 por ciento

“En Puebla se registra una cifra negra de 93.2 por ciento, lo que representa una gran cantidad de delitos no registrados oficialmente. Esta cifra es ligeramente mayor al registro promedio nacional de delitos no denunciados”, detalla el análisis.

Los cinco delitos del fuero común más recurrentes en la entidad son: lesiones, amenazas, robo a transeúnte en vía pública, daño a la propiedad y violencia familiar.

El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) que mide la impunidad como un proceso con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, reveló que en Puebla el número de averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas determinadas por los Ministerios Públicos locales, rebasó al número de investigaciones abiertas.

Dentro del estudio se establece que en la entidad solo el 16 por ciento de las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas cuentan con un inculpado y/o imputado registrado. En tanto, el número de sentenciados con respecto al número de inculpados y/o imputados, representa el 29 por ciento.

Rezago en infraestructura y personal

En la entidad también se detecta un rezago en la infraestructura y el personal para la procuración de justicia, específicamente en Agencias del Ministerio Público, ya que en 2013 contaba con 1.7 agencias por cada 100 mil habitantes, comparado con la media nacional, de 3.4.

“Por cada mil delitos registrados en procuradurías y fiscalías, solo hay tres agentes del Ministerio Público procesando y determinado las averiguaciones previas y carpetas de investigación”, agrega el análisis.

En materia de capital humano en el sistema de impartición de justicia, Puebla presenta un rezago en materia de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes.

“El estado tiene solamente 1.5 mientras que la media nacional es de 3.5. Esta misma realidad se ve reflejada con el número de secretarios en tribunales superiores de justicia que en el estado solamente se cuenta con 6.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 11.9 ”.

El IGI-MEX destaca que Puebla presenta un rezago con respecto al resto del país en materia de encarcelamiento por robo, de 10.3 por ciento; y en homicidio, de 3.7 por ciento.

“Para el caso del delito de homicidio entre averiguaciones previas iniciadas, la estadística nacional es de 27.5 y en Puebla es de tan solo 11.4. Esta situación puede estar correlacionada con el serio problema estructural que tiene el Poder Judicial en la entidad”, detalla el estudio.

Campeche y Nayarit, los estados con baja impunidad

El estudio destaca que la impunidad es un fenómeno multidimensional que abarca los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio, y tres dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.

El IGI-MEX agrupó a los 32 estados en cinco bloques según sus resultados estadísticos. En el grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit.

Por otra parte, en el grupo de impunidad promedio aparecieron cinco estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.

En el grupo de impunidad alta se encuentran Puebla y 10 estados más: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa y Morelos.

El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.

Michoacán fue colocado como caso atípico porque existe evidencia de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.

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